La moción busca incluir explícitamente dentro de las deudas susceptibles de ser consideradas dentro del proceso de liquidación de la ley sobre Insolvencia y Reemprendimiento, las obligaciones impagas provenientes de la deuda educativa en todas las modalidades.
El proyecto señala que hay los miles de deudores del CAE y una gran la diversidad de criterios judiciales existentes sobre si debe o no incorporarse la deuda universitaria al proceso de renegociación, sumando a la inexistencia de un procedimiento distinto al del conocido como "procedimiento de quiebra personal", expresamente reglado dentro la ley 20.027 respecto de las deudas del Crédito con Aval del Estado, en virtud de lo cual no se encuentra completa la hipótesis de excepción que impide la aplicación de dicho  procedimiento en el caso de deudas de CAE; y ante todo, dado el carácter universal con el que el legislador quiso dotar al procedimiento concursal de liquidación de deudas de la ley sobre Insolvencia y Reemprendimiento, consideran un imperativo tanto de seguridad jurídica como de igualdad, incluir las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a la ley N° 18.591 Ley de Crédito Universitario (CU) o fondo solidario de crédito universitario; las deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a la ley N° 19.287 Ley de Crédito Solidario; y las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley 20.027 Ley sobre Crédito con Garantía Estatal (CAE).
Otro punto abordado, es el nivel de endeudamiento de los hogares por este concepto, la exploración estadística de la base de datos es posible concluir que son 605.095 los hogares que declaran sostener deuda para el financiamiento de servicios educativos, y que el monto de la deuda educativa representa, en promedio, un 9,38% de la deuda total de los hogares.
Por último, el proyecto indica que conforme a la información oficial del portal.ingresa.cl, la concentración de la morosidad en el pago del Crédito con Aval del Estado es observable en aquellos grupos más vulnerables. Los mayores niveles se registran entre los egresados y desertores de la educación técnico profesional, que corresponde a un 64,4%. De los estudiantes de los Centros de Formación Técnica (CFT) un 48,1% se encuentra moroso. De los Institutos Profesionales (IP), un 46,4%, y de las Universidades privadas el 33,1%. En aquellos casos considerados como desertores, la situación se complejiza aún más, ya que el 73,1% se encuentra moroso. En el caso de los egresados la morosidad llega a un 30,3%, equivalente a 53.685 personas.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Economía del Senado.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13172-03.

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