La Corte Constitucional de Colombia hizo un llamado a las Entidades Promotoras de Salud y a las Instituciones del Estado para que las negligencias y obstáculos administrativos no afecten el derecho a la salud.
Cabe resaltar que esta situación se evidenció luego de la revisión del caso de una persona privada de la libertad y que en reiteradas ocasiones había solicitado atención médica por quebrantos de salud. El recluso manifestó a los funcionarios del Centro Carcelario de Neiva que en el pasado había sido sometido a la extracción de un tumor cerebral maligno por lo que requería valoración médica con urgencia por la posible reaparición del mismo.
Luego, consta que pese a sus esfuerzos y con un fallo judicial a su favor, se encontró con continuas trabas del INPEC, la USPEC, la Cárcel de Neiva, la Fiduprevisora S.A. y la EPS Salud Total, quienes optaron por dar más importancia a los trámites internos que en hallar una estrategia para proteger la vida de una persona que estaba bajo su cuidado. Así las cosas, el recluso fue valorado seis meses después de su solicitud, pero lamentablemente falleció con el diagnóstico que él mismo había advertido desde la formulación del amparo.
Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana sostuvo que en el presente caso se evidenciaron errores y omisiones. Una vez más, los procedimientos administrativos se sobrepusieron a la necesidad urgente de una persona de recibir atención médica, es decir, primó el trámite sobre lo humano y la formalidad sobre la dignidad afectando profundamente la atención oportuna y eficaz de los pacientes.
Finalmente, el órgano constitucional recordó que la garantía del derecho fundamental a la salud, por parte de las entidades prestadoras del servicio, deriva de la necesidad de no trasladar “las cargas administrativas y burocráticas” a los pacientes con el fin de evitar “dilaciones injustificadas” que afecten el acceso oportuno a los servicios.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.