Las autoridades chilenas deben acelerar la aplicación de medidas que reduzcan el hacinamiento carcelario, así como proveer todos los servicios esenciales para evitar casos de personas con COVID-19 en las cárceles del país, señaló Amnistía Internacional en una carta abierta al Estado chileno.
“La estrategia de criminalización de la protesta social aplicada por las autoridades durante los últimos meses mantiene tras las rejas a cientos de personas por delitos menores, lo cual agrava las ya precarias condiciones del sistema penitenciario chileno, poniendo a miles de personas en riesgo», dijo Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
Hace poco más de un año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió del hacinamiento en más de la mitad de las cárceles chilenas, la insuficiencia de servicios de limpieza o falta de profesionales de salud para atender a la población carcelaria. Tras la respuesta de las autoridades frente a las protestas sociales desde octubre de 2019, aplicando de manera indebida y desproporcional ciertas leyes, entre ellas la Ley de Seguridad del Estado, la población carcelaria ha continuado aumentando.
Si bien las autoridades han propuesto medidas de alivio al hacinamiento, también se han dado eventos preocupantes, como la determinación del pleno de la Corte de Apelaciones que canceló una resolución que daba arresto domiciliario a 13 personas en prisión preventiva, acusadas de delitos menores relacionados con las protestas de finales de 2019, y la suspensión al Juez Daniel Urrutia que la había emitido, siguiendo lineamientos del Comité de Jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, del cual él forma parte.
“Las autoridades están dando pasos erráticos en las acciones para evitar la grave amenaza que el COVID-19 impone a la población carcelaria. La medida contra el Juez Urrutia es un ataque a los derechos humanos de estas personas, en un momento tan crítico. La decisión del pleno debe revertirse total e inmediatamente”, recalcó la Directora.
Amnistía Internacional reiteró su demanda de liberación de todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la asamblea pacífica, así como revisar inmediatamente todas las medidas de prisión preventiva actualmente vigentes.
La organización también recomendó considerar el alza de medidas cautelar de prisión preventiva para ciertos casos y la liberación anticipada o condicional de personas de los grupos más vulnerables al COVID-19. Finalmente, exhortó a las autoridades a dedicar recursos para garantizar agua, saneamiento, productos de higiene y acceso a atención de salud para toda la población carcelaria.

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