TJUE indica que Volkswagen puede ser demandada en el lugar donde los compradores adquirieron los vehículos manipulados.

Volkswagen instaló en sus vehículos de motor un software de manipulación que enmascaraba en el banco de pruebas los valores reales de emisión de gases de escape, en contra de las normas del derecho de la Unión. La organización de consumidores austríaca Verein für Konsumenteninformation (VKI), a la que han cedido sus derechos, medio millar de compradores de vehículos manipulados, demandó en septiembre de 2018 a Volkswagen ante el Tribunal de Klagenfurt, Austria. Los compradores adquirieron los mencionados vehículos en Austria de concesionarios profesionales o de vendedores particulares, antes de que se hicieran públicas las manipulaciones en 2015.

VKI solicita que Volkswagen indemnice el perjuicio causado, estimado en la diferencia entre el precio de un vehículo manipulado y el efectivamente pagado y sea declarada responsable por otros daños y perjuicios aún por cuantificar, como la mayor disminución del valor de mercado de los vehículos afectados o la prohibición de circular. El tribunal austriaco no está seguro de tener competencia judicial internacional para conocer del litigio, por lo que se ha dirigido con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia a fin de que este precise su jurisprudencia sobre el Reglamento relativo a la competencia judicial.

En sus conclusiones presentadas hoy sobre este asunto, el Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona expone en primer lugar que, conforme a la regla general en materia de competencia judicial internacional, el demandante debe acudir ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado (foro del domicilio del demandado). Pero existen foros alternativos, como en los litigios en materia delictual o cuasi delictual, el Reglamento ofrece al demandante la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. La concreción del foro ha de respetar los principios de previsibilidad de las reglas para las partes y de proximidad: es decir, ha de haber una conexión particularmente estrecha entre el órgano jurisdiccional competente y el litigio, de modo que se garantice la seguridad jurídica y se evite que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente.