*Traducción de Hernán Gómez Yuri
Hay problemas globales que no forman parte de la agenda política de los gobiernos nacionales, aún cuando de su solución depende la supervivencia de la humanidad: salvar el planeta del calentamiento global, los peligros de los conflictos nucleares; el crecimiento de las desigualdades y las muertes, cada año, de millones de personas por falta de alimentos básicos y de medicamentos; la tragedia de cientos de miles de migrantes, cada uno de los cuales huye de un problema sin resolver.
Estos problemas no son, ni pueden ser abordados por políticas nacionales, inertes e impotentes por estar ancladas a los espacios estrechos de las circunscripciones electorales y a los tiempos breves de las elecciones y las encuestas. Y, sin embargo, es cierto que 7 mil 700 millones de personas, 196 Estados soberanos, diez de los cuales tienen armas nucleares, un capitalismo voraz y depredador y un sistema industrial ecológicamente insostenible, no pueden sobrevivir por mucho tiempo.
De esta banal y elemental conciencia nació la idea de dar vida a un movimiento destinado a promover una Constitución de la Tierra. No se trata de una hipótesis utópica. Por el contrario, se trata de la única respuesta racional al mismo dilema que se planteó hace cuatro siglos atrás a Thomas Hobbes: la inseguridad generalizada por la libertad salvaje del más fuerte, o el pacto de coexistencia pacífica, de no agresión y solidaridad mutua, sobre la base de la prohibición de la guerra y la igualdad de todos los seres humanos en derechos vitales. Pero el dilema de hoy es mucho más dramático que el concebido por Hobbes. La sociedad salvaje actual, de poderes globales y una sociedad poblada, no por lobos naturales, sino por lobos artificiales -los Estados y los Mercados- sustancialmente alejados del control de sus creadores, y dotados de una fuerza destructiva incomparablemente mayor que cualquier armamento del pasado.
A diferencia de todas las catástrofes pasadas -las guerras mundiales, los horrores de los totalitarismos- las catástrofes ecológica y nuclear son en gran medida irreversibles, y quizás no tengamos tiempo para formular nuevos “nunca más”. Por primera vez en la historia existe el peligro de adquirir consciencia de la necesidad de un nuevo pacto cuando ya sea demasiado tarde.
Este pacto de convivencia pacífica, no lo olvidemos, ya había sido estipulado por la humanidad luego de la segunda guerra mundial y la liberación del nazi-fascismo, cuando, junto con las constituciones rígidas de los Estados liberados, se formuló ese embrión de Constitución del mundo que es la Carta de las Naciones Unidas y las numerosas declaraciones y convenciones de derechos humanos. Pero estas cartas carecían de las reglas de aplicación que requerían: la implementación del Capítulo VII de la Carta de la ONU y, por lo tanto, el monopolio supranacional de la fuerza y la disolución de los ejércitos nacionales, la creación y, sobre todo, el financiamiento de instituciones globales de garantía de derechos, a la salud, educación y a la subsistencia; el establecimiento de una propiedad pública planetaria, destinada a sacar del mercado bienes comunes como el agua potable, el aire, los mares, los grandes bosques y los glaciares. Nada de esto se ha hecho. Los derechos proclamados permanecieron en el papel, como promesas incumplidas.
La Constitución de la Tierra que queremos promover pretende, por lo tanto, integrar el constitucionalismo en dos aspectos. En primer lugar, ampliándolo en tres direcciones: como constitucionalismo global y no sólo estatal, a garantizar bienes comunes y no sólo derechos fundamentales, y contra los poderes de los mercados y no sólo de los Estados. En segundo lugar, proporcionando, además de las tradicionales instituciones legislativas, judiciales y de gobierno, instituciones de garantía de los derechos fundamentales y de los bienes fundamentales, así como su financiamiento a cargo de un fisco mundial.
En resumen, un constitucionalismo de la Tierra es posible. A su favor, además del realismo y la razón, hay una novedad. Por primera vez en la historia la humanidad está unida por un interés público general, mucho más amplio y vital que todos los intereses públicos del pasado: el de todos en la supervivencia de la humanidad y la habitabilidad del planeta. Naturalmente, los poderosos intereses que se oponen no permiten ningún optimismo. Pero es necesario distinguir entre la improbabilidad política y la imposibilidad teórica, si no queremos ocultar la responsabilidad de la política y legitimar la deriva actual, con la tesis de que no hay alternativas a la realidad tal como es.
De hecho, estamos convencidos de que esta es la verdadera utopía: la idea de que la realidad pueda permanecer tal como es a largo plazo, y que podemos continuar indefinidamente basando nuestras democracias y estilos de vidas despreocupados sobre el hambre y la miseria del resto del mundo, sobre la fuerza de las armas y sobre la devastación del planeta, sin enfrentar un futuro destructivo.
De ahí la necesidad de introducir en la agenda del debate público el tema, hasta ahora ignorado, de un proceso constituyente de la democracia cosmopolita. Es por eso, que hemos diseñado una escuela de la “Tierra Constituyente”, cuyo papel no es enseñar, sino alentar la reflexión colectiva y la imaginación teórica sobre las técnicas y las instituciones de garantía idóneas para enfrentar los desafíos y las catástrofes mundiales. Por esta razón, difundiremos nuestro llamado también fuera de nuestro país e intentaremos involucrar a juristas, economistas y teóricos políticos de todo el mundo en esta reflexión colectiva.
Si nuestro proyecto sólo tuviera el efecto de introducir en las agendas la reflexión teórica y política sobre estas técnicas e instituciones supranacionales de garantía, habrá logrado su objetivo esencial.
*El presente texto corresponde a la traducción de un extracto de la relación “¿Perché una Constituzione della Terra?, pronunciada en la inauguración de la escuela “Constituente Terra”, en la Biblioteca Vallicelliana de Roma, el día 21 de febrero del 2020.