Por unanimidad la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta recaído en la reforma constitucional que entrega a un órgano externo especializado la reducción de las rentas de los parlamentarios, de los ministros y de las autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República. Con este trámite, la iniciativa queda en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Cabe recordar que si bien hubo amplio acuerdo en entregar la fijación de las remuneraciones a un organismo externo especializado, durante el trámite del proyecto surgieron diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, que derivaron en la constitución de una Comisión Mixta.
La principal discrepancia entre ambas ramas del Congreso se originó pues la Cámara de Diputados aprobó una rebaja del 50% de la dieta parlamentaria, mientras que en Senado no habló de porcentaje y entregó la definición de las remuneraciones a un organismo externo, por estimar que no corresponde que sean los mismos parlamentarios quienes definan esa materia.
Según explicó en la Sala el integrante de la Comisión de Constitución, senador Víctor Pérez en su informe, la decisión final es que la fijación de las remuneraciones de las máximas autoridades políticas las realice transitoriamente el Consejo de Alta Dirección Pública y de manera permanente a una Comisión técnica, constituida por 5 miembros del más alto nivel, designados por el Presidente de la República con acuerdo de 2/3 del Senado.
Asimismo, quedó establecido que dentro de los 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá reducir las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios; mientras que en un plazo de 90 días deberá hacer los ajustes remuneracionales del resto de las autoridades de exclusiva confianza del Presidente, entre ellos subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político. También deberá precisar las remuneraciones del intendente y gobernadores.
Durante el debate los parlamentarios valoraron que sea un organismo externo el encargado de fijar las remuneraciones de las autoridades políticas del país cada cuatro años y que sea una ley orgánica constitucional la que fije cómo se realizará esto de manera permanente.
Asimismo, señalaron que tras despejar este tema no sólo dan una señal hacia la opinión pública en esta materia, sino que también les permitirá abocarse a los proyectos de máxima urgencia para enfrentar esta crisis sanitaria y económica.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis boletín Nº9304-07

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