La Moción busca que si un inmueble arrendado, de tipo comercial, se encuentra dentro de un territorio donde exista una medida que limite o prohíba el funcionamiento del inmueble, el arrendatario pueda alegar la excepción de pago por fuerza mayor.
Asimismo, el contexto social y económico que vivimos creemos que deben existir normas de flexibilización que permitan sustentar las economías locales, desarrolladas en escala, que por ser pequeñas y medianas empresas podrían ver afectada su estabilidad y por ende, la seguridad de sus trabajadores. El proyecto señala que es necesario complementar proyectos que se han iniciado en materia, medidas que ha asumido el Gobierno, y que van en la línea de beneficios directos y excepciones tributarias, sin embargo, las relaciones entre privados deben ser evaluadas, con el fin de salvaguardar los intereses de la Nación.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca que en el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba el ejercicio de la actividad para la cual un inmueble fue dado en arrendamiento, quienes tengan la calidad de arrendatario y demandado en los juicios iniciados conforme a las normas del Título III de la Ley 18.101 y del Título VI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, podrán invocar la excepción de pago de fuerza mayor.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13367-07.

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