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Mensaje.

Presentan proyecto de ley que busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado.

Además regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

24 de junio de 2020

El Mensaje Nº 081-368 presentado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados busca fortalecer la persecución de los delitos sancionados en la ley N° 20.000 y la institucionalidad encargada de la misma.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca adoptar medidas eficientes para combatir de manera drástica y frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Estas medidas no deben enfocarse necesariamente en el aumento de la respuesta penal del Estado, sino en mejorar la persecución de estas conductas y atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección. Otro aspecto a considerar, corresponde a las debilidades presentes actualmente en las herramientas de fiscalización de sustancias químicas controladas.
Asimismo, esta política pública busca aplicar todo el rigor de la ley en contra de quienes conforman estas organizaciones delictivas, colocando especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica, de forma de combatir frontalmente al narcotráfico y al crimen organizado. Se proponen las siguientes medidas para la consecución de este fin: enajenación temprana y comiso por equivalencia; fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero y pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Finalmente, se propone la creación de una nueva figura delictual relativo al consumo de droga sin consentimiento y, el perfeccionamiento de los tipos penales, eliminando de ellos los conceptos de calidad y pureza; aumentando la respuesta punitiva respecto de conductas que vulneren la integridad de menores de edad; fortalecimiento a la institucionalidad encargada de la investigación y control, así como de la prevención, tratamiento y rehabilitación de la drogadicción y el alcoholismo y del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA); ampliar las entidades que realizan el protocolo de análisis químico; controlar ciertas sustancias químicas involucradas en el procesamiento de la droga y destinar los bienes incautados a unidades policiales.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, con suma urgencia.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13588-07.

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