Recientemente se publicó, por parte de los abogados Roberta Gargarella y Jorge Ernesto Roa Roa, un artículo que proponen 8 tesis orientadores para analizar las medidas que han adoptado los Estados de América Latina como respuesta a la pandemia del COVID-19.

Los autores plantean observaciones respecto del contenido concretos de las medidas tomadas, sus consecuencias y las perspectivas sobre la forma como se ha respondida frente a una situación que ha causa una crisis sanitaria, científica, económica, social y democrática. El análisis se centra en controvertidas decisiones institucionales adoptadas durante la emergencia y, en particular, respecto de aquellas que pueden afectar la base de las democracias constitucionales.

Entre las medidas que se analizan desde la mirada del Derecho Constitucional, incluyen: (1) el uso de poderes de emergencia en situaciones de crisis, (2) la decisión de declarar (o no) estados de sitio o de excepción para enfrentar la pandemia; (3) el valor de la deliberación democrática en esta coyuntura crítica; (4) la comprensión predominante del principio de separación de poderes; (5) el problema de la erosión democrática; (6) el contexto de desigualdad y las amenazas planteadas por un creciente crisis económica que la emergencia del COVID – 19 ha agravado seriamente; (7) la penalización y la militarización de las medidas para enfrentar el coronavirus; (8) las cautelas frente a la vigilancia mediante aplicaciones informáticas que invaden la intimidad y (9) el rol de los jueces en este tipo de contextos.

Por su parte, los autores afirman que muchas de las preocupaciones dirigidas hacia las actuales medidas, son, en realidad, muy viejas. Esto, por cuanto desde hace años se viene denunciando la concentración del poder en el ejecutivo bajo la idea del Hiperpreisencialismo latinoamericano. Así, la crisis simplemente les ha permitido, ratificar, confirmar o, en el peor de los casos, profundizar y evidenciar que sus preocupaciones son ciertas.

Finalmente, plantean que confirmar sus preocupaciones constitucionales no es del todo negativo, ya que permite trazar una línea de perspectivas sobre lo que debería ocurrir después de la crisis: Volver a pensar las estructuras del Estado en una forma más igualitaria, desconfiar de los arreglos institucionales que dejan sin poder, representación y posibilidad de accountability a las personas o mantener con más fuerza la defensa de un sistema público de salud con cobertura universal y de calidad.

Vea texto íntegro de la publicación.

RELACIONADOS

* La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe…