Por siete votos a favor y tres en contra, la Comisión mixta que analizó las discrepancias entre la Cámara y el Senado frente al proyecto que busca extender transitoriamente el permiso postnatal parental, hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, decretado con motivo de la expansión de la enfermedad Covid-19, aprobó su admisibilidad.
De acuerdo a lo señalado en la Ley orgánica del Congreso Nacional, el informe de la comisión propondrá que el proyecto continúe su tramitación. Esta propuesta deberá ser aprobada tanto en la cámara de origen como en la revisora por la mayoría de las y los presentes en la sesión.
En la sesión, los votos favorables por parte del Senado fueron de Rincón, Araya y del presidente de la instancia, Alfonso De Urresti. Como representantes de la Cámara de Diputados votaron por la admisibilidad Pérez, Saavedra ,Yeomans y Eguiguren.
Los principales argumentos planteados por los legisladores apuntaron a la necesidad de dar respuesta a esta urgente demanda social, que tiene como fin proteger los derechos de las y los niños en este tiempo de crisis sanitaria.
Por esto, aseguraron que no se proponen nuevos gastos (pues ya existen en el Fondo Único de Prestaciones Familiares) y que no forma parte de normas de seguridad social, medidas que serían de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Los votos en contra de los senadores Víctor Pérez, Allamand, junto al diputado Melero, sostienen, entre otras razones, que sí irroga gasto, pues responde a un proyecto de seguridad social y que, por ende, no es atribución del Poder Legislativo presentar proyectos en esta dirección.
Previo a la votación de la norma, expuso en la instancia la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. A su juicio, la norma en discusión ayuda a proteger principalmente la vida y la integridad física y psíquica de las niñas y niños.
Aseguró que el proyecto permite cuidar de “los primeros mil días de vida que son fundamentales en el neurodesarrollo” a lo que debe agregarse el riesgo por las condiciones propias de la crisis sanitaria por Covid-19, lo que va en la línea con los tratados internacionales de protección de la niñez y adolescencia.
También expuso la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, sostuvo que la norma sí entra en materias propias de la protección social y que tendría un costo, solo hasta fines de junio, de cerca de 100 millones de dólares, considerando un número cercano a 20 mil nacimientos.
Señaló la necesidad de hacerse cargo de las diferencias que se generarían con las y los niños que nacen luego del estado de excepción constitucional o quienes lo hicieron días antes de que este fuera implementado, pues esta norma estaría provocando una discriminación en la entrega del beneficio.
Además, aseguró que los recursos presentes en el Fondo Único de Prestaciones Familiares deben ser los suficientes para financiar los post natales durante todo el resto del año.
En cuanto a las exposiciones de las y los abogados, tanto Claudia Iriarte, Karina Nohales, Tomás Jordán y Francisco Zúñiga plantearon argumentos a favor de la admisibilidad de la moción, mientras que Sebastián Soto y Constanza Hube lo hicieron en contra.

Vea texto íntegro de la moción, dicusión y análisis boletín Nº13364

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