Empate de votos.
TC rechazó inaplicabilidad que impugnaba norma de Ley de Reorganización y Liquidación de Empresa y Personas que restringiría recurso de apelación.
La Magistratura Constitucional señala que la exigencia constitucional del derecho al recurso como componente del debido proceso, depende de múltiples circunstancias sistemáticas y de contexto procesal.

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnaba el artículo 4°, N° 2, de la Ley N° 20.720, de reorganización y liquidación de empresas y personas.
La gestión pendiente incide en una solicitud de liquidación forzosa, seguida ante el Juzgado de Letras de Casablanca, presentada en contra del requirente, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso por recurso de hecho, que impugna la resolución del mismo tribunal que rechazó la reposición y no dio lugar por improcedente el recurso de apelación subsidiario, en virtud de la norma cuestionada.
La requirente estima vulnerado, primeramente, el principio de igualdad ante la ley, ya que existe una diferencia arbitraria que carece de suficiente razonabilidad. Aduce que, por ejemplo, en un juicio ejecutivo en que la parte ejecutada presenta un incidente de nulidad de todo lo obrado, y éste es rechazado, puede interponer un recurso de apelación para que el superior jerárquico revisa tal decisión. En segundo término, argumenta una vulneración a la garantía del debido proceso, entendido como el derecho a un procedimiento racional y justo que contemple el derecho al recurso. Éste es una garantía frente a un eventual error judicial, en que debe existir una instancia de revisión por el superior jerárquico, lo que no se contrapone con el principio de la celeridad, ya que este no puede contravenir la garantía constitucional del debido proceso.
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