Dos nuevas propuestas de ley del plan económico de emergencia del Gobierno fueron ingresadas por el Ejecutivo y dadas a conocer en la cuenta de la sesión de Sala de hoy de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En primer lugar, se trata del proyecto que crea el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19 (boletín 13655), el cual tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022 y comprenderá 12 mil millones de dólares (9,72 billones de pesos).
Según se explica en el mensaje presidencial, este Fondo corresponderá a una fuente de financiamiento para los gastos del programa fiscal destinado a enfrentar los efectos y atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria causada por la enfermedad Covid-19.
En este marco se incluyen: ayudas económicas a las personas, familias, trabajadores y empresas; inversión en salud; inversión pública; impulsos de proactivación económica y reconversión; y medidas para evitar la pérdida de empleos.
El texto contempla las disposiciones relativas a la operatividad del citado Fondo, normas de transparencia y rendición de cuentas, así como de ajuste de gastos excedibles.
Asimismo, la iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda para su análisis, contiene una nueva autorización de endeudamiento para emisiones en el país o en el exterior, en moneda nacional o extranjera, por hasta 8 mil millones de dólares.
Reforma al IFE
El segundo proyecto (boletín 13656) ingresado por el Gobierno modifica la Ley 21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia (IFE).
La propuesta, particularmente, elimina dos requisitos: el de vulnerabilidad basado en el instrumento de caracterización socioeconómica, para pasar a requerir solo integrar el Registro Social de Hogares; y el pertenecer al 80% más vulnerable de acuerdo con el indicador socioeconómico de emergencia (este instrumento también se elimina).
La iniciativa define que, para acreditar los ingresos de los hogares que soliciten el beneficio, se utilizará solo la información declarada por estos, al tiempo que facilita el proceso de reclamación.
Este proyecto fue derivado para su discusión a la Comisión de Desarrollo Social, de donde deberá pasar a su par de Hacienda.
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