Diario Constitucional

Rechazó Casación.

TS de España confirmó pena de 8 años de prisión a condenado por difundir en redes sociales contenidos a favor de Estado Islámico.

La prueba practicada evidenció que el acusado no solo abordó proclamas de apología y justificación del terrorismo, sino que difundía mensajes o imágenes con los que impulsar a terceros a participar en causas terroristas.

Por Redacción·30 de julio de 2020·2 min de lectura
TS de España confirmó pena de 8 años de prisión a condenado por difundir en redes sociales contenidos a favor de Estado Islámico.
Referencial

El Tribunal Supremo de España rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que condenó a 8 años de prisión por el delito de participación en organización terrorista con la agravante de reincidencia por difundir a través de las redes sociales contenidos a favor de la yihad con el fin de atraer a nuevos partidarios para que se incorporasen a la organización terrorista Estado Islámico.

El acusado, según los hechos probados, inició su actividad dentro del ámbito de la conocida como “yihad virtual” a principios de 2015, aunque no fue hasta mediados de 2016 cuando “se introdujo en una actividad frenética de publicaciones, la gran mayoría de ellas encuadradas dentro de las labores encomendadas a las células individuales encaminadas a la atracción e instrucción de posibles nuevos afiliados de la causa yihadista violenta”.

Para el máximo Tribunal español, la prueba practicada evidenció que el acusado “no solo abordó proclamas de apología y justificación del terrorismo, en cuanto apoyo de un ataque indiscriminado al grupo social que discrepe de sus propios postulados ideológicos, sino que difundía mensajes o imágenes con los que impulsar a terceros a participar en causas terroristas o con los que intimidar gravemente a la población, lo que se hacía introduciendo un riesgo real de que pudiera alcanzarse el objetivo propuesto, de modo que se prestaba así un efectivo soporte a que puedan llevarse a término actividades que resultaran lesivas para los derechos de otros individuos que, por su relevancia, no pueden quedar subordinados a los derechos personalísimos que el recurrente esgrime”.

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