Derechos Humanos.
CIDH solicita a los Estados de la región de la Panamazonía y del Gran Chaco a adoptar medidas urgentes para atender la crítica situación de los pueblos indígenas por la pandemia.
En el caso de la Panamazonía, al día 4 de agosto del presente año, se habría registrado 34,598 personas indígenas contagiadas y 1251 personas indígenas fallecidas, afectando a alrededor de 212 pueblos o nacionalidades indígenas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su grave preocupación por los efectos de la pandemia de la COVID-19 en los pueblos indígenas que viven en la región de la Panamazonía y del Gran Chaco. En ese sentido, llama a los Estados de las dos regiones a adoptar e implementar políticas públicas reforzadas para el reconocimiento, fortalecimiento, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, asegurando el ejercicio de sus derechos participativos.
La Comisión ha recibido de manera continua información sobre los graves riesgos que representa la pandemia para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de la región de la Panamazonía y del Gran Chaco. En especial, en los días 12 de junio y 3 de julio del presente año, se llevaron a cabo foros virtuales con representantes de los pueblos y organizaciones de la sociedad civil donde se tuvo acceso a gran cantidad de información sobre el tema. En el caso de la Panamazonía, al día 4 de agosto del presente año, se habría registrado 34,598 personas indígenas contagiadas y 1251 personas indígenas fallecidas, afectando a alrededor de 212 pueblos o nacionalidades indígenas. Al respecto, la CIDH tuvo conocimiento de la pérdida de vidas de líderes y lideresas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes en vida resguardaron la sabiduría y los conocimientos ancestrales de sus pueblos. Situación que pone en grave riesgo la reserva cultural y espiritual de estos colectivos.
En ese sentido, la Comisión ha sido informada de que los Estados de la región de la Panamazonía y del Gran Chaco siguen otorgando licencias ambientales, muchas sin previa consulta a los pueblos indígenas, para la implementación de proyectos extractivos y de infraestructura en sus territorios y sus alrededores. La Comisión considera que, además de impactar sus tierras, territorios y recursos naturales, estos proyecto exponen a los pueblos indígenas a entrar en contacto con trabajadores sin que se adopten medidas para prevenir contagios por el vírus. Igualmente, la CIDH ha recibido información advirtiendo del avance de actividades de tala y minería ilegal en los territorios ancestrales, así como de la presencia de actores armados y grupos de crimen organizado.
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