El Mensaje Nº158-368 ingresado por el Presidente de la República al Senado, busca introducir reformas al sistema de justicia para enfrentar los atrasos en la tramitación de causas en los tribunales a consecuencia de del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a raíz del COVID-19.
En el ámbito judicial, la pandemia ha provocado que los ciudadanos no hayan realizado actuaciones que les permitan ejercer sus derechos ante la autoridad judicial, además de la severa disminución de las posibilidades de atender los requerimientos de las personas, por parte de los funcionarios de los Tribunales de Justicia. Ante ello, el sistema de justicia tiene el desafío de adaptarse a estas necesidades, que implican una importante reducción de la actividad judicial, sin que ello genere indefensión en las partes e intervinientes de los procesos judiciales, debiendo dar continuidad al servicio judicial, para la recepción de todos los requerimientos urgentes, y adopción de todas las medidas que requieran intervención prioritaria de los tribunales.
El Estado, señala el Mensaje, tiene el deber de disponer las medidas necesarias que permitan proteger a la ciudadanía del contagio de la enfermedad COVID-19, y al mismo tiempo, debe adoptar medidas eficaces y oportunas para enfrentar los impactos generados en el desenvolvimiento de las actividades de las personas e instituciones durante la expansión de la pandemia, por lo que se impone la necesidad de que adopte medidas legales destinadas a permitir el adecuado funcionamiento de los tribunales de justicia durante el periodo que se extienda la emergencia sanitaria, a fin de satisfacer la debida administración de justicia.
La iniciativa persigue dos grandes objetivos: en primer lugar, procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente, con especial énfasis en la actividad de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal, así como también en la de la judicatura civil, laboral y de familia. En segundo lugar, busca limitar la presencia física de las personas en tribunales por motivos sanitarios, de forma de reducir al máximo posible la presencia física de las partes e intervinientes en las diversas actuaciones y audiencias que conocen los tribunales de justicia.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional para su análisis en general y en particular en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con suma urgencia.
Vea texto íntegro del Boletín Nº13752-07.
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