El requirente estima que el precepto impugnado transgrediría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo.

El Tribunal Constitucional declaró la admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de la frase “y sólo para el sector público”, contenida en el artículo 2º bis, inciso segundo, de la Ley N° 20.261, que crea examen único nacional de conocimientos de medicina.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago, deducido en contra de la Superintendencia de Salud, por la restricción, al requirente, del ejercicio profesional de la medicina sólo al sector público, en el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.

El requirente estima que el precepto impugnado transgrediría las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. En cuanto a la primera, señala que es evidente que la restricción es arbitraria, ya que no obedece a ninguna razón lógica. A un profesional se le reconocen sus cualificaciones para ejercer en Chile o no, sin embargo, un reconocimiento sólo para trabajar en el sector público no se condice con la naturaleza del reconocimiento: establecer por válidos los estudios y experiencia requeridos para desempeñarse en un campo profesional. Por tanto, si la ley establece que la certificación de la Conacem es autorización suficiente para trabajar en Chile como médico, no tiene sentido que luego se restrinja dicha autorización al sector público. De hecho, los médicos que hayan validados sus títulos por medio de otros mecanismos de validación, o que hayan estudiado en Chile, no tienen esa restricción, lo que produce que se establezca un trato diferencia respecto de ciertos médicos autorizados para ejercer la profesión, sin ninguna razón lógica que justifique tal distinción.