Pretenden inaplicabilidad de norma que permite se escuchen alegatos en apelación, solamente cuando sea solicitado con previo acuerdo entre ejecutado y ejecutante.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 8°, inciso primero y final, de la Ley Nº 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso que “Si el apelante es el ejecutado o la institución de previsión o de seguridad social, deberá previamente consignar la suma total que dicha sentencia ordene pagar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. El recurso de apelación se conocerá en cuenta a menos que las partes de común acuerdo soliciten alegatos”.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda ejecutiva previsional, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, en actual conocimiento de la Corte de La Serena, por recursos de casación en la forma y apelación, en los que una Isapre interpuso demanda ejecutiva laboral contra el estudio jurídico requirente.