Junto a las anteriores el ex Diputado Jorge Schaulsohn propone establecer el plebiscito revocatorio de autoridades electas en cargos unipersonales con firma del 51% del padrón electoral respectivo; consultas populares vinculantes sobre propuestas específicas a iniciativa del Presidente de la Republica, por petición de los 3/5 de ambas ramas del congreso o por firmas de ciudadanos que representen a lo menos el 30% del padrón electoral nacional. La iniciativa popular de ley de origen ciudadano avalado por 100.000 firmas notarizadas, iniciativa que debiera ser tramitada como cualquier proyecto de ley e ingresaría por la Cámara de Diputados.
También plantea facultar a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados para citar a ciudadanos privados, con obligación de comparecer; establecer el delito de perjuro para toda persona que comparezca citado a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados; eliminar las inhabilidades para ser candidato a parlamentario que hoy afecta a dirigentes sindicales y gremiales; otorgar a la Cámara de Diputados iniciativa en materias tributarias, negociación colectiva y seguridad social; requiriendo mayoría absoluta de los diputados y senadores para su aprobación y patrocinio de a lo menos 25 diputados.
En cuanto a las leyes sobre derechos reproductivos, propone que sean resueltas por medio de plebiscito nacional convocado por el Presidente de la Republica o a petición de la mayoría absoluta del congreso.
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En cuanto a la calificación de urgencias de las mociones parlamentarias plantea entregarlas al Congreso.
Asimismo, plantea que se establezca el reconocimiento a los distintos tipos de familia y la total igualdad de derechos entre ellos, con reconocimiento constitucional para el matrimonio igualitario
Otra de las propuestas que formula es que el Presidente de la República pueda disolver el Congreso por una sola vez cumplido el primer año de mandato debiendo en el mismo acto convocar a elecciones para dentro de los 30 días siguientes a la disolución.
En cuanto a pensiones, propone que se consagre el derecho a una pensión digna garantizada por el estado para todos los cotizantes, entendiéndose por tal un 60% del promedio de las remuneraciones imponibles del último año.
En materia regional plantea que se debe facultar a los gobiernos regionales para fijar impuestos a bienes de consumo de alcance regional y por un tiempo limitado, para financiar proyectos específicos. Los tributos deberán ser aprobados mediante plebiscito con una participación superior al 60% del padrón.
También debiera permitirse la renuncia, sin expresión de causa, de los diputados, senadores y Presidente de la Republica, establecer elecciones complementarias para reemplazar a los diputados y senadores que renuncien o cesen en sus cargos por cualquier razón; establecer el control civil de carabineros mediante la figura de un director general nombrado por el Presidente de la República que asumirá todas las atribuciones que tiene el general director; la paridad de género tanto en la Cámara de Diputados, el Senado como en la Corte Suprema.
En relación al Tribunal Constitucional propone que esté compuesto por nueve ministros que deberán ser expertos en derecho constitucional con, a lo menos, diez años de ejercicio académico o profesional, y que no podrán ser miembros del Tribunal quienes sean o hayan sido dirigentes de partidos políticos, parlamentarios, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, alcaldes, intendentes, seremis, gobernadores, y que los candidatos serán escogidos por una comisión de selección integrada por el presidente de la Corte Suprema y seis decanos de facultades de derecho acreditadas por el máximo de tiempo que permite la ley, tres de los cuales serán de universidades públicas. el presidente propondrá él o los seleccionados al senado quien deberá aprobarlos por los 2/3.
Finalmente, propone prohibir que alcaldes destituidos por corrupción puedan ser candidatos a cargos parlamentarios.