El Tribunal Supremo de Marruecos ha celebrado audiencia sobre el caso de 19 hombres saharauis encarcelados desde el 2010, tras violentos enfrentamientos con la policía. Los hombres cumplen condenas que van desde los 20 años a cadena perpetua. No obstante, se alega que estos juicios se vieron empañados por denuncias de tortura.
Los acusados fueron condenados primero, por un Tribunal Militar (2013) y luego, por un Tribunal de Apelaciones Civil (2017). Las decisiones de ambos tribunales se basaron para atribuir la responsabilidad penal correspondiente a cada uno de los imputados, en gran medida a las confesiones que impugnan ante el Tribunal Supremo.
La decisión del Supremo incidirá en causa sobre un desmantelamiento, por las fuerzas de seguridad marroquíes, de un campamento de protesta en Gdeim Izik, luego de ello, hubo violentos enfrentamientos en los que resultaron muertos 11 miembros de las fuerzas de seguridad. En particular, se indica que algunos agentes fueron atropellados, otros asesinados con cuchillo o espadas artesanales. Al menos un oficial fue degollado, según la sentencia impugnada. Igualmente, se les acusa de formar una banda delictiva y de participar, al menos como cómplices en actos violentista contra la Policía, lo que intencionalmente provocó la muerte de los agentes.
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Uno de los prisioneros fue liberado en 2011, y un Tribunal Militar liberó a dos más en 2013, condenando a todos los restantes a penas de prisión, incluido un acusado que fue condenado en rebeldía a cadena perpetua, luego de huir a España. Además, lo prisioneros alegan que las condenas se basan casi por completo en sus confesiones, o en declaraciones que implicaban a otros acusados no confesos, sin tomar en cuenta que respecto de ellas los acusados denunciaron que habían declarado y confesado bajo tortura.
En 2016, el Tribunal de Casación anuló la sentencia del Tribunal Militar contra los acusados de Gdeim Izik, debido a que sus argumentos se basaban en pruebas no concluyente. La causa fue remitida a un tribunal civil, para la realización del nuevo juicio ordenado. Cabe hacer presente que Marruecos puso fin al juicio de civiles en jurisdicción militar en 2014, sin embargo, no se aplicó retroactivamente para este caso.
En 2017, la Corte de Apelaciones de Salé, declaró culpables los 22 hombres tras examinar nueva pruebas presentadas por el fiscal a cargo, y por las familias de los Policías víctimas, actuando como terceros intervinientes. Sin embargo, la defensa alegó contra la evidencia presentada recientemente y la adición extemporánea de un tercero a la causa, y se retiró del juicio como signo de protesta por la “flagrante injusticia”. En esta sentencia, la Corte también usó las declaraciones de los acusados de 2010, que alegan que se hicieron bajo tortura. Se ordenaron exámenes médicos forenses de todo acusado que estuviera dispuesto a someterse a ellos, siete años después de sus interrogatorios. No obstante esto, los médicos examinadores igualmente emitieron un informe, concluyendo que dado el paso del tiempo, la tortura no podía ser probada ni refutada, sin embargo, el tribunal admitió las confesiones del 2010 como medios legítimos de prueba.
Cabe hacer presente que la tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, están prohibidas por el derecho internacional y por la Constitución de Marruecos. El Código Penal del país, igualmente, tipifica la tortura y, su Código de Procedimiento Penal establece que las confesiones obtenidas mediante violencia o coacción, son inadmisibles como medios de pruebas ante Tribunales.
Vea texto íntegro de la decisión adoptada por el Comité de la ONU, en el caso de uno de los imputados (en inglés).