En una publicación que lleva por título “Segundo retiro de fondos previsionales: populismo parlamentario”, el Instituto Libertad y Desarrollo se refiere y analiza la segunda reforma constitucional que se está discutiendo en el Congreso Nacional que permite un nuevo retiro de recursos de los fondos de ahorro de pensiones desde las cuentas personales de ahorro previsional, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora debe ser votada en la Sala del Senado, luego de haber sido aprobada en la Comisión de Constitución de dicha corporación.
Quienes apoyaron la modificación constitucional para permitir el primer retiro, lo hicieron con el argumento de que la crisis económica y social había golpeado severamente los ingresos de los hogares y que las ayudas que estaba entregando el Gobierno no habían sido suficientes, señala la publicación. La que agrega que ahora, el segundo retiro en discusión se plantea con el mismo argumento. Advierte que si bien la pandemia ha tenido un efecto importante en los ingresos de las personas, llama la atención que tanto el primer retiro como el segundo en tramitación no se haya planteado como una fórmula para ayudar a quienes habían efectivamente sufrido una caída de sus ingresos, sino que en ambos casos se haya planteado como una medida universal, y recuerda que desde hace años como país se han estado buscado acuerdos para reformar nuestro sistema de pensiones a fin de mejorarlas. Si hoy el consenso es que las pensiones son bajas, hay que tener presente que cada retiro adicional de fondos las bajará aún más.
Afirma la publicación que no existen dos opiniones respecto de los efectos negativos que tendrá un segundo retiro desde las cuentas de ahorro personales para el pago de pensiones, en el valor de las mismas, en la economía y en la credibilidad y seriedad de nuestro Congreso.
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En este sentido argumenta que permitir un segundo retiro deja potencialmente a un 35% de los afiliados al sistema de pensiones sin fondos ahorrados para su jubilación. En promedio, sumado los efectos de un primer y segundo retiro, los afiliados podrán retirar un 56% de lo ahorrado en sus cuentas personales. Un 57% (cerca de 4,7 millones) de los afiliados corresponde a personas que se encuentran cotizando en el sistema, lo que implica que mantienen un empleo formal. Al estar ambos retiros exentos del pago de impuesto, el Fisco dejaría de recaudar US$ 3.200 millones, cifra cercana a los US$ 3.400 millones destinados al pago del Ingreso Familiar de Emergencia, que benefició durante 6 meses a 3 millones de hogares de menores ingresos. Abrir la puerta a sucesivos retiros de fondos ahorrados para el pago de pensiones nos aleja de la posibilidad de contar con mejores pensiones. Más bien nos lleva a una situación en que cada vez más personas sólo podrán acceder a las pensiones financiadas por el Pilar Solidario.
Esta reforma constitucional, agrega la publicación, no sólo vuelve a reafirmar la escasa voluntad política de respetar nuestra institucionalidad al proceder vía reformas a la Constitución que no hacen sino eludir su mandato, sino que también instala la peor versión del populismo parlamentario, una en la cual se impulsan reformas extremadamente populares, pero que no se hacen cargo de sus efectos, así como tampoco con cargo a qué recursos se financiarán las nuevas obligaciones que a partir de ello se generan. Sin duda que la pandemia ha tenido un fuerte impacto en nuestra economía y en los ingresos de los hogares en nuestro país. Pero para ello, en cada momento se deben evaluar e impulsar medidas que efectivamente permitan apoyar a aquellos sectores que lo necesitan, con programas financiados con recursos públicos y no con cargo a las pensiones actuales y futuras. La publicación recuerda que en el Fondo de Cesantía se encuentran empozados del orden de US$ 11.400 millones, US$ 7.900 millones en cuentas individuales y US$ 3.500 en el fondo solidario. Son dichos recursos los que, en este contexto, debieran destinarse a apoyar a los hogares que han tenido una baja en sus ingresos.