En fallo unánime.
Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación deducido en contra del CPLT que ordenó la entrega parcial de copia de los reportes emitidos por la embajada de Chile en China.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de información en los términos que dispuso el CPLT afecte el interés nacional o las relaciones diplomáticas con China.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación deducido en contra del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega parcial de copia de los reportes (oficios y memorandos) emitidos por la embajada de Chile en China, de determinados periodos entre 1970 y 1989.
La sentencia indica que, en cuanto a la restante causal, del artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia, referida a la posibilidad de denegar total o parcialmente el acceso a la información ‘cuando su publicidad comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país’, cabe precisar que el principio constitucional que se extrae del artículo 8 de la carta Fundamental es el de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, el cual, complementado con el derecho de acceso a la información reconocido implícitamente en el Art. 19 N° 12 de la Carta Fundamental, como una manifestación de la libertad de expresión, establece que el secreto o reserva es de carácter excepcional, debiendo establecerse sólo a través de una ley de quórum calificado, siendo que en el presente caso, la información que debe proporcionar no dice relación con información estratégica para las relaciones internacionales, siendo que la causal exige una afectación, debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se ‘relacione’ con éste o que le resulte atingente, para que se mantenga tal información en secreto o reserva, sino que se requiere llevar a cabo el juicio de afectación, que es lo que hizo el Consejo recurrido, pero siempre sobre la base de la acreditación del respectivo órgano administrativo que la invoca en sustento de una causal de secreto o reserva.
La resolución agrega que, lo anterior fluye del inciso 2º del Art. 8º de la Constitución Política de la República, y es necesario y fundamental para determinar si la específica información pedida se encuentra cubierta o no por la reserva alegada y es consistente con el carácter excepcional de los casos de reserva o secreto –dado que la regla general es la publicidad y la excepción los casos de reserva o secreto–, lo que a su vez determina que la interpretación y aplicación de las causales de secreto y reserva debe ser restrictiva.
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