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Presunción de inocencia.

TC español declaró nula la sentencia que condenó a un guardia civil, pues se vulneró su derecho fundamental de no autoincriminación.

La Magistratura constitucional española explicó que ambos tribunales ordinarios han resuelto en función de argumentos que o bien son contrarios al contenido propio de la garantía de no autoincriminación, o bien, reflejan un examen insuficiente de la cuestión constitucional que dicha garantía plantea.

1 de marzo de 2021

El Tribunal Constitucional español declaró nula la sentencia que condenó a un guardia civil, pues se vulneró su derecho fundamental de no autoincriminación.

En este sentido, la Sala Primera del Tribunal Constitucional anuló las sentencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2019 y de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central de 9 de mayo de 2018, al considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente de no autoincriminación como manifestación específica de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Respecto de los hechos, consta que la Asociación Unificada de Guardias Civiles publicó en diciembre de 2014 un artículo en su página web titulado “AUGC Cádiz denuncia malos tratos de mandos en los acuartelamientos de Arcos de la Frontera y Ubrique”, en relación con supuestos comportamientos de un alférez. Días más tarde, el alférez demandó en vía civil a la AUGC para que rectificara la información publicada. La vista del juicio verbal se celebró con la asistencia de dos guardias civiles que fueron llamados como testigos bajo juramento o promesa de decir verdad y apercibimiento de las penas para el falso testimonio. La titular del juzgado desestimó la pretensión del alférez al considerar que no había lugar a la rectificación solicitada, pues lo que interesaba era no la rectificación de hechos concretos sino la modificación de un artículo entero.

No obstante, la sentencia civil reflejó en sus fundamentos de derecho la siguiente afirmación: “…Lo que sí ha quedado acreditado es que el artículo publicado refleja las denuncias presentadas en la Asociación por los guardias.

En junio de 2015, el alférez emitió partes disciplinarios contra los dos guardias civiles que declararon como testigos por dos faltas graves: desconsideración con los superiores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas y por vulneración del secreto profesional. Aportó como sustento probatorio de dichos partes las declaraciones como testigo de los encartados. Se incoó el correspondiente expediente disciplinario y, en abril de 2016, el Director General de la Guardia Civil dictó resolución imponiendo a los guardias civiles, por el primero de los cargos, sendas sanciones de pérdida de destino por un periodo de dos años. Uno de los guardias civiles, agotada la vía administrativa, interpuso recurso contencioso-disciplinario militar ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que desestimó dicho recurso. Contra esta sentencia se recurrió ante el Tribunal Supremo, que confirmó la decisión del Tribunal Militar Central.

Así, el guardia civil recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional que, tras estudiar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la garantía de no autoincriminación, señala lo siguiente: la declaración del recurrente no fue en absoluto voluntaria, sino que se realizó de un modo forzado, porque estaba obligado en su condición de testigo a responder a las preguntas de una manera exacta al estar apercibido de la pena establecida para el falso testimonio.

Al respecto, la Magistratura constitucional española explica que ambos tribunales ordinarios han resuelto en función de argumentos que o bien son contrarios al contenido propio de la garantía de no autoincriminación, o bien, reflejan un examen insuficiente de la cuestión constitucional que dicha garantía plantea. En este sentido, la sentencia señala que la declaración como testigo constituye una aportación coactiva de información, lo que puede lesionar el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referido a la obligación de declarar bajo amenaza de sanciones.

Enseguida, el Tribunal Constitucional señala que, por tanto, en el caso estudiado por el Tribunal ni la grabación de la vista oral, ni su transcripción parcial, ni las declaraciones fácticas de la sentencia civil, ni el parte del Mando presentan un valor inculpatorio que sea autónomo de las manifestaciones del testigo. Son éstas las que, directamente o por su reflejo en aquéllas, han terminado teniendo en el procedimiento disciplinario eficacia autoincriminatoria del guardia civil que las formuló.

Finalmente y, por estas razones, el Tribunal Constitucional anuló las sentencias impugnadas y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior en que fue dictada la sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central con el fin que éste órgano judicial haga un análisis suficiente de la garantía de no autoincriminación.

 

Vea texto íntegro del comunicado de prensa.

 

 

 

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