El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna las secciones 2, 7, 8 y 13 letra c), del Decreto N° 433, de 1954, del Ministerio de Relaciones Exteriores; los artículos IV y V del Decreto N° 18 de 1964, de la indicada Cartera Ministerial, y el inciso 3° del artículo único de la Ley N° 15.172.
La gestión pendiente incide en causa seguida ante el Juzgado de letras del Trabajo de La Serena, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación, en la que el requirente demandó por tutela de vulneración de derechos fundamentales a su ex empleador, “Association of Universities for Astronomy Research”. En dicha causa, el Tribunal acogió la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la demandada, citando y reproduciendo normativa legal que le otorgaría inmunidad de jurisdicción.
Al efecto, cabe recordar que la requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el artículo 76 de la Constitución Política de la República, toda vez que no puede quedar sin efecto por la inmunidad de jurisdicción prevista en las normas invocadas por el tribunal de La Serena. Esta normativa dictada entre los años 1954 y 1964, que permite al juez laboral reconocer una inmunidad de jurisdicción absoluta, no es compatible con nuestro texto Constitucional y directrices vigentes, pues configura un régimen de no jurisdicción e incompetencia general de los tribunales de justicia que es contrario al poder y el deber previstos en los incisos primero y segundo del artículo 76 de la Constitución y crea, en la práctica, un régimen de impunidad que no es necesario para el cumplimiento de los fines y objetivos de la organización internacional en nuestro país. Asimismo, el requerimiento aduce que se vulnera el debido proceso, pues al concluir el juez de la gestión pendiente que los preceptos impugnados confieren a AURA una inmunidad de jurisdicción absoluta que impide a los tribunales nacionales conocer de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y demanda subsidiaria por despido injustificado interpuestas por un trabajador extranjero que prestó servicios para ella en calidad de ingeniero informático durante 6 años, dentro del territorio nacional, lesiona gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva y lo afecta en su esencia, infringiendo en consecuencia los incisos 1 y 2 del numeral 3 y el numeral 26 ambos del artículo 19 de la Constitución.
Para pronunciarse acerca de la admisibilidad del requerimiento, la Sala designada por el Presidente del TC confirió traslado a las demás partes de la gestión invocada por el término de diez días. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 10281-21.