La Cámara de Diputados votó la iniciativa de la ex Presidenta Michelle Bachelet, ingresada el 24 de septiembre del año 2015, que corresponde al proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez.
El proyecto tiene por objeto garantizar el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, en especial, se refiere a los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes en la materia.
La iniciativa incorpora en su texto el interés superior del niño, niña o adolescente, su autonomía y la perspectiva de género como herramienta a utilizar en las medidas que se adopten en materias de infancia. A su vez, consagra la responsabilidad de la Administración del Estado, su rol y deberes en materia de derechos de la niñez, junto con la implementación de un sistema de protección administrativa y judicial.
La Cámara de Diputados aprobó algunas de las enmiendas propuestas por el Senado. Sin embargo, rechazó por no alcanzar en la votación el quórum constitucional requerido algunos artículos del proyecto de ley.
Respecto del texto aprobado por el Senado, la Cámara tuvo discrepancias en la regulación del interés superior del niño, niña o adolescente, particularmente en el procedimiento de evaluación y determinación de ese interés. A modo de ejemplo, algunos de los elementos propuestos son la opinión, identidad, bienestar, necesidad o situación de especial desventaja del menor.
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Además, no hubo acuerdo en la aprobación de las normas que establecen el funcionamiento de las Oficinas Locales de la Niñez, organismo encargado de la protección administrativa de los derechos de los menores, principalmente respecto de la colaboración con otras entidades como municipalidades y los planes de intervención en determinados casos. A su vez, rechazó aquellos artículos correspondientes a las medidas de protección administrativas, que operarán en los casos de amenaza o vulneraciones no graves de los derechos del niño, niña o adolescente.
Las discrepancias entre ambas cámaras deberán ser zanjadas por una Comisión Mixta.
Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis del Boletín 10315-18.