La Audiencia Nacional de España condenó a un miembro de ETA a 46 años de prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos, po haber colocado en 1987 una bomba en la puerta de un bar, en la localidad guipuzcoana de Escoriaza.
El Tribunal considera acreditado que la procesada, junto con otros cuatro miembros del comando Araba de ETA ya condenados por estos hechos, colocaron una bomba trampa con la intención de causar la muerte a los agentes de la guardia Civil que acudirían para desactivar la bomba.
La sentencia da por acreditada la participación de la condenada en la confección, traslado o colocación de la bomba y se basa en una prueba objetiva, consistente en las huellas de la acusada que se localizaron en varios componentes del artefacto.
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Para la Audiencia Nacional, es evidente la intención homicida de los autores del atentado, toda vez que el artefacto explosivo estaba confeccionado con un dispositivo de acción retardada que pondría en marcha la bomba minutos después de la separación del primer temporizador, como así fue, lo que revela la finalidad de causar la muerte de las personas que se emplearon en el desmontaje del artefacto- elemento fáctico éste que se infiere de la potencia del mismo explosivo.
Así, el alto Tribunal tipifica los hechos como dos delitos de asesinatos frustrados porque se llevaron a cabo todas las acciones necesarias para alcanzar la muerte de otra o de otras personas y el resultado no se produjo “por razones ajenas a la voluntad de los autores”.
Del mismo modo, la Sala condena a la acusada también por estragos, por cuanto la explosión de la bomba, colocada en una zona urbana de la localidad de Escoriaza, puso en riesgo la vida de las personas, causó graves daños y desperfectos en la calzada, en las fachadas y en las viviendas, tanto en bienes públicos como privados.