Derecho a la salud.
Corte Constitucional de Colombia ordenó a un organismo de salud pública la entrega de un dispositivo a persona con discapacidad auditiva.
Los organismos de salud pública tienen un deber de asegurar el derecho a la salud, no pudiendo negarse injustificadamente a otorgar una prestación con el fin de garantizar este derecho.

La Corte Constitucional revocó la sentencia dictada por un tribunal que rechazó la solicitud de la actora de ordenar a “Medimás EPS” que le proveyera de un dispositivo tecnológico para tratar su discapacidad auditiva.
En contra de esa decisión interpuso una acción de tutela al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana, por cuanto la entidad de salud le negó la prestación integral y oportuna de los servicios de salud prescritos por el médico tratante. La actora puntualizó que su medico tratante, quien se encontraba adscrito a la institución de salud recurrida, le había prescrito el implante de un dispositivo auditivo, el que le fue denegado.
La Magistratura Constitucional cita en su fallo el artículo 49 de la Constitución que prevé que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, que debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, observando los principios de continuidad, integralidad e igualdad. Asimismo invoca su jurisprudencia puntualizando que el derecho a la salud tiene una “doble connotación”, por cuanto se presenta, por una parte, como un derecho fundamental y, por la otra, como un “servicio público esencial”.
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