Lograr que las víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del “Estallido Social” accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito, es parte de la idea matriz del proyecto que fue aprobado en general por la Cámara por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones.
En la propuesta, que vuelve a la Comisión de Derechos Humanos por ser objeto de indicaciones, se define “estallido social” como la serie de masivas manifestaciones sociales iniciadas en Santiago, como respuesta a un alza de $30 en el valor del Metro de dicha ciudad, que derivó en un movimiento a nivel nacional con expresiones de descontento ciudadano en todo el país. El contexto descrito se entiende iniciado el 7 de octubre de 2019.
La norma, informada en la Sala por el diputado Boris Barrera, plantea disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales.
Para la aplicación de esta norma, se entenderá como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiese provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, bajo el contexto de movilizaciones en el estallido social.
Todo lo anterior, sin perjuicio que dichas personas hubiesen estado no participando de tales movilizaciones, ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o de condenas emanadas de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, se establece que se considerará víctima, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y se presumirá como tales a quienes hayan hecho denuncias de este tipo en una serie de organizaciones detalladas en el texto.
También, se señala que la indemnización que deba otorgarse tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Disposiciones rechazadas
Si bien gran parte del proyecto fue respaldado en general por la Sala, una de sus normas no alcanzó los 87 votos necesarios para su aprobación (por tratarse de una disposición de ley orgánica constitucional), pues obtuvo 79 a favor, 52 en contra y 15 abstenciones.
Dicha norma señalaba que sería el Tribunal Civil del domicilio de la víctima o aquel que corresponda al lugar en que ocurrieron los hechos el competente para conocer las materias de esta ley a elección de la víctima.
Debate
En su análisis en la Sala, algunos parlamentarios criticaron el contenido del proyecto, calificando como una “discriminación arbitraria” que se deje fuera de la categoría de víctimas a aquellas personas que hubiesen sufrido daños en el ejercicio de sus funciones, que sean miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada de Chile.
Junto a ello, también hubo posturas contrarias a establecer que no será necesario acreditar la existencia de falta de servicio por parte del Fisco de Chile para que sea condenado por concepto de responsabilidad civil y que se entiendan acreditados por el solo ministerio de la ley.
Del mismo modo, se refutó que la norma señale que las acciones que emanan de esta ley sean imprescriptibles y que se permitiera incluir en el informe pericial la opinión, entendida como una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles lesiones, castraciones, violencia sexual, tortura o malos tratos y la recomendación de un tratamiento médico, psicológico o de nuevos exámenes.
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Quienes respaldaron la propuesta argumentaron que lo que se busca es hacer justicia con las víctimas estableciendo la obligatoriedad del Estado de reparar las lesiones, situación que, hasta la fecha, no ha ocurrido en la gran mayoría de los casos.
Para eso, aseguraron que la propuesta busca implementar un procedimiento un poco más expedito para generar algún tipo de reparación.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis Boletín Nº13.854
Que rabia más grande como se le siguen dando derechos a los delincuentes que destruyeron este país bajo la consigna estallido social. Con apoyo de muchos políticos que ahora se lavan las manos o están postulando a la presidencia de este país..No les da vergüenza nadie a sacado la voz por las víctimas las verdaderas víctimas. Los que perdieron sus empleos porque les quemaron sus pymes. Quemaron locales destruyeron locomoción cuanta gente camino comunas enteras para llegar a sus trabajos. Más encima el trauma la enfermedad sicológica que te dejaban estos jóvenes víctimas ahora llamados presos políticos.. Son delincuentes que no tuvieron compasión con la gente adulta ancianos niños para ellos todos fueron estorbos en su estallido social y ahora quieren compensarlo con bonos hasta cuando ustedes políticos trabajarán para los delincuentes y pensaran en la clase trabajadora de este país. Que vergüenza políticos pero si le llaman políticos a unos delincuentes que podemos decir de ustedes….
ENCUENTRO VERGONZOSO QUE TODOS LOS CHILENOS DEBAMOS PAGAR INDENIZACIÓN A GRUPOS QUE MALEVOLA Y VOLUNTARIAMENTE DESTRUYEN BIENES MUEBLES E INMUEBLES PÚBLICOS Y PRIVADOS, CON UN COSTO ALTÍSIMO SU REPARACIÓN.
DESPERTEMOS CHILENOS Y NO ACEPTEMOS TANTA ESTUPIDEZ HUMANA
ES MUY FÁCIL SER GENEROSO CON LA PLATA AJENA.
Un proyecto digno de la vergüenza nacional que es este Congreso. Hay discriminación evidente porque dejaron fuera del proyecto a todos los colegas y símiles de los insurrectos de octubre como son los violadores, homicidas, monreros, traficantes, etc.
Que sepan los contribuyentes que sus tributos no solo financian a los sediciosos bajo el mote de «retornados» sino también a esta nueva delincuencia.
¿Se habrá sabido de indemnizaciones promovidas por estos adalides de los Derechos Humanos en favor de los propietarios de locales saqueados y destruidos y de los padecimientos de vecinos residentes de los barrios convertidos en campos de batalla?
Y todas las personas cuyos pequeños negocios fueron saqueados, quemados, destruidos por los violentistas; gente que perdió la posibilidad de llevar el pan a su mesa…debe quedar feliz porque indemnizan a quienes les robaron, atacaron, golpearon o arrastraron del pelo (solo recordando algunos vídeos)
Claro, ellos no importan, sólo los violentistas
Que error.
En ves de indemnizar a toda persona, Pyme que fueron saqueadas, quemadas, destruidas y lesionados por estos delincuentes.
El Mundo al revés.
Que infamia de tanta mentiras, siendo que fueron varios del congreso que salieron a las calles a incitar la violencia, y fueron actos de delincuencia que dejaran a cientos de personas sin sus trabajos, negocios, y esos mismos infames hoy buscan con mentiras engañar y nublar la memoria de lo que paso, como si ellos fueran los salvadores de Chile, y todos los demás somos culpables de que ellos en ejercicio de su función de congresistas, burlaron en todo momento las leyes, hoy se les tenga que dar las gracias por el casi golpe de estado que promovieron con el único fin de instaurar un gobierno infame del comunismo que en todas partes del planeta es y será siempre un fracaso, la experiencia de España, Argentina, Venezuela, Cuba, y ahora lo quieren replicar en Chile.
Yo vi como de una universidad se disfrazaban tapándose con parches un ojo para salir a mentir, y engañar, no vi a uno vi a más de 30 que lo realizaban de la universidad de Artes a pasos de la I. Corte Suprema.
A los únicos que si se les debe pagar una indemnización son a los negocios que quebraron gracias a la delincuencia promovida por algunos del congreso, que incitaron violencia, y declaraban que estaba bien que los buses los quemaran, por lo que digo son INFAMES, son ellos los del CONGRESO los que nunca se bajaron la dieta, ganan en 12 meses el sueldo de una persona común gana en casi 50 años, ¿eso será justicia?, y más aún quieren quitarle poder al poder judicial, con cambiar las reglas republicanas a nuestro sistema judicial, digo nuestro porque defiendo lo bueno del sistema judicial.
Éstos actos sirven para poder disernir entre los políticos que nos defienden a los que queremos trabajar, progresar y avanzar en paz, honestidad y con responsabilidad social. Y los otros que quieren retroceder, al cao social, validando la delincuencia y justificando el abuso de la ignorancia. Es bueno que despertemos y vallamos a las urnas a elegir a nuestros representantes y no dejemos que otros elijan a los suyos mientras nosotros nos quedamos en casa. «Vamos que se puede todavía»