Representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos de las personas encarceladas y las minorías expusieron aspectos del sistema penitenciario. Abordaron la compleja situación de hacinamiento y las dificultades para resocializar a los egresados del sistema.
La ONG “Justiça Global”, destacó la selectividad del sistema penitenciario, con la gran mayoría de la población compuesta por personas de raza negra y personas de nivel socioeconómico bajo. Explica que las condiciones degradantes equivalen a la institucionalización de la tortura.
Según el profesor Rodrigo Duque Estrada Roig, la situación degradante de las cárceles equivale al cumplimiento de penas ilícitas. En este sentido, aboga por la reducción genérica de la pena por la situación degradante o el hacinamiento de las cárceles. Para el docente, dado que no se respetan los derechos de los presos, la indemnización debe ser obligatoria.
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Por su parte el representante del movimiento “Educafro, Irapuã Santana”, señaló que el debate sobre el sistema penitenciario brasileño requiere un enfoque racial. Presentó datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Infopen) indicando que el 64% de la población carcelaria del país son negros. Expresó que, en los últimos 20 años, el encarcelamiento de los blancos se ha reducido en un 19%, mientras que el de los negros ha aumentado en un 15%.
Para el representante del Consejo Indígena Misionero (Cimi), Michael Mary Nolan, se subestiman los datos sobre la población indígena encarcelada. Afirma que el número crece año tras año y, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, hubo más de 1.200 presos de origen indígena en Brasil. Afirma que, en su mayor parte, la criminalización de los pueblos indígenas tiene que ver con la falta de demarcación de territorios.
Finalmente, Eveline Araújo, de la Agenda Nacional de Expulsión, propuso ajustes a los protocolos judiciales para que, en caso de arresto provisional, sea deber del magistrado garantizar al imputado la producción de prueba documental que pueda beneficiarlo con arresto domiciliario. Además, sugiere que la Defensoría Pública esté determinada a orientar al imputado sobre cómo proceder para adquirir esta documentación y presentarla a los registros.
Vea texto íntegro del comunicado.