Derecho a la defensa.
Tribunal Constitucional de Perú declara que la renuncia de un abogado defensor en la última etapa del proceso penal vulnera el derecho a la defensa de su patrocinado.
El derecho a la pluralidad de instancia forma parte del debido proceso.
El Tribunal Constitucional de Perú acogió el recurso de agravio constitucional interpuesto en contra de una resolución de la Corte de Apelaciones que rechazó el recurso de habeas corpus interpuesto por un individuo condenado como autor del delito de violación de la libertad sexual y violación de persona en incapacidad de resistir.
El acusado refiere que, hacia los alegatos finales del juicio penal, no disponía de los medios económicos para continuar con un abogado de su elección. Frente a esta situación solicitó asistencia letrada gratuita, de modo que el tribunal le asignó un defensor público, quien no interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria.
El recurrente estimó que la actuación deficiente de su defensor había vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la pluralidad de instancia y a la presunción de inocencia.
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