La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte el caso de Fredy Núñez y otros contra Ecuador, por la eventual responsabilidad que tendría el Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos relativos a la sustracción de Fredy Núñez de una cárcel, con la aquiescencia de agentes del Estado ecuatoriano, y su posterior desaparición.
El caso se refiere a la desaparición forzada de Fredy Núñez Naranjo, en el contexto de un enfrentamiento con unos sujetos ebrios que ingresaron al bar de su madre, causando daños en dicho establecimiento. Frente a esta situación, la policía ecuatoriana detuvo a los agresores y a la presunta víctima, y los trasladó al Destacamento de Policía del Cantón Quero. Posteriormente, Fredy habría sido sustraído del lugar por miembros de las Juntas del Campesinado del Cantón y llevado hasta la comunidad Puñachizag, donde habría sido sometidos a tratos degradantes. Desde el acaecimiento de estos hechos se desconoce su paradero.
La CIDH, en su informe de fondo, determinó que los hechos eran constitutivos de desaparición forzada y que no existía controversia respecto a que los miembros de las Juntas del Campesinado habrían sustraído a la presunta víctima de la cárcel, con la aquiescencia de los agentes estatales.
Por otra parte, la CIDH puntualizó que distintos organismos nacionales e internacionales indicaron que estas Juntas estarían asumiendo funciones de autoridades públicas, y –agrega– existen acusaciones de graves violaciones de derechos humanos en contra de las mismas.
La Comisión concluyó que Ecuador violó los derechos a las garantías y protecciones judiciales por falta de debido diligencia en la investigación de los hechos, al omitir las diligencias mínimas para ubicar el paradero de la víctima e identificar a los responsables.
Ahora el caso deberá ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que eventualmente podría condenar al Estado de Ecuador.
Vea texto del informe de admisibilidad del caso Fredy Marcelo Núñez Naranjo.
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