La CIDH expresa su preocupación por la tramitación, en distintos lugares de la región, de leyes que buscan restringir, en algunas ocasiones de forma absoluta, el acceso a la interrupción del embarazo –incluso en casos de violación y peligro de vida de la mujer– y la consecuencial criminalización de las mujeres, y persecución de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.
Por otra parte, la Comisión advierte sobre la adopción de medidas que buscan prohibir la educación sexual integral y la perspectiva de género en las instituciones educativas, lo que, estima particularmente grave, por cuanto esta es “fundamental para avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres y prevenir embarazados no deseados, particularmente en niñas y adolescentes”.
En seguida, expresa su preocupación por el incremento de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, situación que se ha visto profundizada en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19. La Comisión agrega que, a lo anterior, se suma una falta de acceso a métodos anticonceptivos y la existencia de barreras para acceder a los establecimientos, bienes y servicios de salud sexual y reproductiva.
No obstante lo anterior, la Comisión valora positivamente algunas de las reformas impulsadas en la región, entre ellas, las de Argentina y México, que reconocen el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo hasta las 14 y 12 semanas, respectivamente.
La Comisión llama a los Estados a “adoptar legislación compatible con los estándares interamericanos de protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestación, reconociendo que la denegación de la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias constituye una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.”
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