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Concluyó votación de indicaciones .

VIF: Quien incumpla reiteradamente el pago de pensiones de alimentos puede arriesgar penas de entre 61 días hasta 3 años y 1 día de reclusión.

La Comisión de Mujer del Senado estableció, entre otros aspectos, que las conductas ejercidas en contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto la vulneración de la autonomía económica de la mujer, patrimonial o subsistencia económica de la familia, serán constitutivas de VIF y si la conducta es reiterativa podría incluso, considerarse como delito penal.

27 de agosto de 2021

Considerar como VIF la violencia económica en contra de las mujeres; unificar el pago mensual de las pensiones de alimentos en UTM; incluir el pago de gastos extraordinarios; la conformación temporal de una comisión de coordinación y evaluación de este nuevo sistema de registro, son solo algunos de los aspectos comprendidos por la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género, en el marco del análisis en particular del proyecto que modifica la ley Nº14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

La instancia especializada recientemente concluyó la votación de las indicaciones presentadas al mensaje -en segundo trámite constitucional- que tiene por objeto facilitar y mejorar el sistema de pago de pensiones alimenticias y promover el interés superior de la niña, niño o adolescente y el principio de corresponsabilidad.

El texto ahora deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda, para que se pronuncie sobre las normas de su competencia, para luego pasar a Sala.

La senadora Isabel Allende, presidenta de la instancia parlamentaria, agradeció el trabajo conjunto de los legisladores, de asesores, de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, de los Ministerios de Mujer y de Justicia. “Todos deseamos que se cumpla con el pago de las pensiones y no seguir afectando los intereses de niños y niñas”.

La Comisión, y los invitados, valoraron el proyecto como “un paso sustantivo para asegurar que se paguen las pensiones de alimentos en Chile”.

 

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