Adoptar «de manera urgente» todas las medidas necesarias para enfrentar la crisis migratoria que afecta a Chile e implementar una política de Estado en esa materia, son las propuestas centrales de dos proyectos de acuerdo presentados por senadores de oposición y que fueron aprobados por la mayoría de la Sala del Senado.
El primero de ellos -aprobado con 15 votos a favor y 12 en contra- fue presentado por los senadores Isabel Allende, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Rabindranath Quinteros, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Jorge Soria.
En el texto, solicitan al Presidente de la República «adoptar de forma urgente todas las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de todas las personas migrantes que han ingresado al país, en especial las que fueron atacadas el pasado día sábado 25 de septiembre en la ciudad de Iquique y cuyos enseres fueran destruidos y quemados por una turba de personas».
Asimismo, piden presentar una querella para que se investiguen y sancionen esos hechos, asumiendo como propia la denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte del Gobernador de la Región de Tarapacá.
Los senadores solicitan impulsar una «agenda corta» con medidas urgentes y locales en las ciudades del norte del país que permita afrontar la actual crisis, instalando campamentos y albergues de tránsito, entregando provisiones y otorgando apoyo prioritario para casos en que existan familiares o redes de apoyo en otras ciudades.
Otro de los puntos que plantean los senadores es que Chile adhiera a la resolución de la Asamblea General de la ONU para las migraciones firmado por 164 Estados en Marrakech en diciembre de 2018 que establece una migración segura, ordenada y regular.
Además, solicitan al Presidente «detener las expulsiones masivas que han sido cuestionadas a nivel nacional e internacional, garantizando que cualquier proceso de expulsión del país se realice cumpliendo con la normativa nacional y las obligaciones internacionales que, al respecto, Chile ha suscrito».
POLÍTICA DE ESTADO
El segundo proyecto de acuerdo aprobado, con 14 votos a favor y 8 en contra, fue presentado por los senadores Ximena Rincón, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Isabel Allende, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Alejandro Navarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.
En lo fundamental, piden que se implemente una política de Estado en materia migratoria que respete los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados.
Asimismo, solicitan que se adopten medidas urgentes de respuesta humanitaria a quienes buscan acogida en nuestro país, tales como establecer albergues temporales con capacidad adecuada y dotados de servicios apropiados que permitan a los migrantes permanecer allí en seguridad y dignidad mientras se resuelve su situación migratoria.
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Otro de los aspectos planteados apunta a dar aplicación a la Ley 20.430 que da la posibilidad de reconocer en forma grupal y a través de un procedimiento simplificado, la condición de refugiado a todas aquellas personas que reúnan los requisitos establecidos en la ley y que provengan de una situación objetiva de vulneración a los derechos humanos, como la de Venezuela.
Al igual que el otro proyecto de acuerdo, este texto también pide terminar con las expulsiones exprés y masivas de migrantes y garantizar el debido proceso, cumpliendo estrictamente las resoluciones que adopten los tribunales de justicia.
Finalmente piden implementar de manera eficiente la tramitación de las visas y efectuar una acción rápida de regularización migratoria, especialmente tratándose de casos de reunificación familiar; y dictar al más breve plazo el reglamento que ponga en funcionamiento la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, evitando se siga recurriendo al Decreto Ley 1.094 de 1975.