Varias horas antes que la comisión iniciara su jornada, el día 29 de octubre, destinada a conocer la defensa del Presidente Sebastián Piñera, el documento de 242 páginas ya había sido difundido en distintos medios de comunicación.
Con ciertas luces acerca de su contendido ya en el ambiente, el abogado Jorge Gálvez, fue categórico al exponer que la acusación se basa en hechos falsos.
El jurista precisó que la acusación no tiene y no ofrece prueba de sus dichos, añadiendo que se basa en meras especulaciones.
De igual manera, explicó que la acusación se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial y por tanto, no susceptibles de fundar las causales que se determinan.
Adicionalmente, subrayó que contradice fallos judiciales firmes, pronunciamientos de la Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros.
Señaló que “la verdad de los hechos es que el Presidente de la República no intervino en la decisión de venta del proyecto minera Dominga.
“Ello fue investigado por el Ministerio Publico, y es una verdad judicialmente establecida. Existe un sobreseimiento total y definitivo; firme y ejecutoriado, que determina la inexistencia del hecho y la inocencia del Presidente”.
Añadió que el proyecto minero Dominga no fue vendido por la familia del Presidente. La venta se acordó y materializó por los gestores del proyecto “Minera Activa S.A” con los compradores del Grupo Délano. El acuerdo de las condiciones de la venta fue suscrito sin la comparecencia del representante del FIP Mediterráneo.
Otros alcances de la defensa
El documento con la defensa del Presidente Piñera señala que hay una “intención de crear la falsa impresión de que don Sebastián Piñera Echenique habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como Presidente de la República”.
Asimismo, precisa que “el texto de la acusación intenta traer a tiempo presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno”, sostiene el documento.
Puntualiza que “como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia”.
Asimismo el documento expone que “no se trata sólo de defender al actual Presidente de la República frente a acusaciones manifiestamente falsas e infundadas. Se trata de la defensa de nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y la institución de la Presidencia de la República”.
La comisión está citada nuevamente este sábado 30 de noviembre para continuar recabando antecedentes sobre la materia. En dicha jornada el abogado Jorge Gálvez continuará con la defensa y luego responderá las inquietudes de los integrantes del grupo legislativo.
Segunda jornada
Insistiendo en que la acusación constitucional interpuesta en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, no reúne los requisitos legales ni constitucionales para su procedencia, el abogado Jorge Gálvez, expuso, por segunda jornada consecutiva, ante la comisión que evalúa el libelo.
En primer término, el jurista se refirió a la iniciativa de protección medioambiental en la zona de La Higuera. En concreto, aludió a la solicitud impulsada por la ONG Oceana, para consagrar un área costera protegida.
Al respecto, precisó que no es efectivo que el proyecto que presentó Oceana no fuera considerado por razones políticas. “No es efectivo que el Presidente Piñera haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental en la zona”, acotó.
Para concluir, Gálvez insistió en que se trata de una “acusación impertinente”. Sostuvo que, en ella, no solo no existen ilícitos constitucionales, sino que se basa en meras suposiciones.
“Es vaga, afecta la garantía del debido proceso, afecta gravemente el principio de inocencia y no concurren en ella actos que afecten gravemente el honor de la nación”, sentenció.
Culminada la exposición, las y los diputados integrantes de la instancia formularon una serie de consultas al profesional y plantearon sus puntos de vista. El diputado Florcita Alarcón señaló que no debe olvidarse que la acusación constitucional es un proceso político y no jurídico.
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El diputado Pepe Auth dijo echar de menos algún pronunciamiento respecto del rol de Larraín Vial en la operación. Asimismo, planteó reparos respecto de las aseveraciones de la defensa sobre el papel que le cupo a los seremis, a la hora de evaluar el proyecto.
La diputada Paulina Núñez, por su parte, reflexionó sobre si basta la consideración política o la eventual omisión de principios, para impulsar un libelo acusatorio.
Finalmente, la diputada y presidenta de la instancia, Maya Fernández, recordó que los antecedentes de los denominados Pandora Papers no se conocían al momento de la anterior indagatoria judicial.
Cabe agregar que la comisión recibió, además, durante la última jornada, la exposición del abogado Alex Van Weezel. El profesional dio cuenta de las diferencias entre un juicio penal y uno político.