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Sector pesquero y acuícola.

Proyecto de ley modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica, social y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias.

La actividad pesquera y acuícola forman parte de las labores con mayor relevancia para el sustento alimentario, económico, social y cultural de millones de personas en el planeta.

5 de noviembre de 2021

La moción, patrocinada por los Senadores Jorge Pizarro, Rabindranath Quinteros, David Sandoval y Kenneth Pugh, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el fin de incorporar los conceptos de Seguridad Alimentaria, Sostenibilidad Económica y Social, Cadena de Valor Alimentaria y visibilizar al personal del sector, reconociendo las realidades e intereses de las macrozonas.

Los autores de la iniciativa señalan que Chile se ha posicionado como un líder mundial en la materia, estableciendo estándares normativos a la altura de países desarrollados, siendo uno de los objetivos centrales de nuestra legislación que la labor entregue prosperidad a las familias de nuestro territorio.

Añaden que la actividad constituye un sector de nuestra economía que está en constante crecimiento, erigiéndose como el más importante después de la minería gracias a las ventajas que otorgan los ecosistemas de gran productividad de las costas, lo que a su vez requiere la incorporación continua de nuevas tecnologías, mejor capacitación y condiciones laborales.

La Ley General de Pesca y Acuicultura, exponen, tiene como objetivo la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguardia de los ecosistemas marinos.

Además, establece que la política pesquera nacional debe considerar objetivos de largo plazo para la conservación de las pesquerías y la protección de sus ecosistemas; la aplicación del principio precautorio y el enfoque ecosistémico para la administración y conservación de los recursos hidrobiológicos y pesqueros, considerando la interrelación de las especies; la administración de los recursos de manera transparente, responsable e inclusiva, recopilando y compartiendo de manera sistemática, oportuna y pública los datos recopilados; entre otras consideraciones.

Explican que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la acuicultura como el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras como del interior que implica intervenciones en el proceso de cría para aumentar la producción.

La actividad, destacan, constituye el sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento y representa el 50% del pescado destinado a la alimentación a nivel mundial, formando parte de la tradición cultural y nutricional de muchas personas.

Detallan que en nuestro país el crecimiento del sector ha sido exponencial. Si en la década de los 90 las cosechas totales provenientes de centros de cultivo no superaron las 80.000 toneladas, en 2004 alcanzaron 688.000 toneladas. Asimismo, los volúmenes exportados crecieron desde 30.000 a 430.000 toneladas, lo que se traduce en 100 millones de dólares en 1990 y 1.600 millones en 2004, siendo el cultivo del salmón la actividad dominante.

En este sentido, connotan la necesidad de que la industria de la acuicultura perfeccione constantemente sus directrices para enfrentar los desafíos de cuidado de los recursos sin perder las oportunidades que permitan seguir creciendo en la actividad económica, lo que implica considerar la responsabilidad social del sector privado, la consolidación de la institucionalidad pública y la inversión en investigación, desarrollo y transferencias tecnológicas.

La FAO, precisan, ha señalado diferentes claves para una estrategia sostenible en la acuicultura: reconocer el hecho de que los acuicultores obtengan una recompensa justa por su actividad; garantizar una distribución equitativa de los beneficios y los costes; promover la creación de riqueza y empleo; asegurarse de que hay suficientes alimentos disponibles para todos; gestionar el medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras; asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura, así como una buena organización por parte de las autoridades y la industria.

Luego, reconocen la importancia de la acuicultura en la seguridad alimentaria, la cual se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.

Además, destacan la importancia de tres elementos en una Cadena de Valor Alimentaria: reconocer que son sistemas dinámicos impulsados por el mercado en los cuales la gobernanza es la dimensión central; que el concepto se aplica de forma amplia, generalmente abarcando un subsector de productos completo de un país; que el valor añadido y la sostenibilidad son mediciones del rendimiento explícitas y multidimensionales evaluadas a nivel global.

Las Cadenas de Valor, sostienen, crean un valor añadido, dado que generan salarios para los trabajadores, rentabilidad de los activos para los empresarios, recaudación tributaria para los gobiernos, un mejor suministro de alimentos para los consumidores y una repercusión neta en el medio ambiente, positiva o negativa.

Así, estiman que la sostenibilidad del desarrollo de Cadenas de Valor Alimentarias implica la transición a mecanismos institucionales que permitan distribuir más equitativamente el aumento del valor añadido y reducir el uso de los recursos no renovables. La forma en que los alimentos, a través de su valor nutricional y su capacidad para contener patógenos, afectan a nuestra salud constituye una preocupación social que requiere una supervisión rigurosa por parte del sector público.

Las Cadenas de Valor Alimentarias, prosiguen, tienen especial importancia para los pobres y repercuten directamente en la seguridad alimentaria, por lo que son de importancia estratégica en la política nacional.
En este sentido, constatan que la falta de una evaluación completa respecto a las cuestiones medioambientales y sociales vinculadas a la Cadena de Valor de la acuicultura en Chile, ha impedido que la FAO pueda tener una conclusión clara sobre su sostenibilidad.

Si bien la Ley General de Pesca hace mención a los conceptos de sustentabilidad y seguridad alimentaria, explicitando que es deseable administrar los recursos pesqueros en forma transparente, responsable e inclusiva, nuestra legislación presenta brechas relacionadas con incorporar, en el marco del enfoque ecosistémico, la variable humana en la pesca, con el fin de visibilizar el rol que cumplen las personas en el sector pesquero y acuicultor nacional, ya que a partir de ellos es que la Cadena de Valor toma forma y logra ser eficiente.

Actualmente la ley no reconoce explícitamente la labor que desempeña el personal embarcado o gente de mar, así como tampoco se señala la labor que desempeñan los trabajadores de plantas de proceso que considere además una mirada regional.

Por todo lo anterior, el proyecto de ley busca incorporar en la Ley General de Pesca y Acuicultura los conceptos de Sostenibilidad Económica y Social del sector pesquero y acuícola, de Seguridad Alimentaria y Cadena de Valor Alimentaria.

Además, incorpora definiciones que permitan visibilizar al personal embarcado y de plantas de proceso vinculados al sector industrial, reconociendo las diferentes realidades e intereses de las macrozonas, con especial atención en los territorios especiales y en las zonas extremas y aisladas, potenciando la toma de decisiones a nivel regional.

Así, define lo que se considerará como industria pesquera, trabajador de la industria pesquera extractiva, trabajador de la industria pesquera de procesamiento y trabajador del sector acuícola, entre otros conceptos.

El proyecto pasó a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.

 

 

Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14667-21.

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