La moción, patrocinada por la Senadora Yasna Provoste y los Senadores Pedro Araya, Álvaro Elizalde, Alejandro Guiller y Francisco Huenchumilla, crea una Comisión Nacional para que proponga soluciones a las infracciones a las garantías judiciales consagradas en tratados internacionales ratificados por Chile, recomendando al Presidente de la República, del Senado y de la Corte Suprema las medidas necesarias para subsanarlo.
Los autores de la iniciativa señalan que durante octubre de 2019 Chile vivió un proceso de masivas protestas ciudadanas, producto de un conflicto político y social que se venía incubando hace mucho tiempo en nuestra sociedad. En dicho contexto se produjeron acciones de manifestaciones y de violencia callejera, lo que se fue intensificando con el paso de los días, desembocando en saqueos, incendios, destrucción de propiedad pública y privada, entre otros delitos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añaden, informó que se registraron casos donde se cometieron abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza, de manera repetitiva, por parte de los agentes estatales para enfrentar el conflicto, lo que significó una falta de alineamiento con los estándares internaciones en la gestión de protestas.
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Según la Relatoría de Libertad de Expresión, afirman, hubo una manipulación del poder punitivo del Estado con el fin de criminalizar la protesta social, dirigiendo acusaciones por delitos de daños, coacción o amenazas en contra de determinados manifestantes, buscando justificar sus detenciones y permitir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y la prisión preventiva.
Observan que un grupo de Senadores ingresaron un proyecto de indulto, para extinguir, de manera excepcional, la responsabilidad penal y la remisión de la pena a las personas que hayan sido imputadas por una serie de delitos ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.
Connotan que los argumentos que se dieron para presentar dicha moción fueron que las imputaciones de delitos ocurrieron en un marco de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y que la mayoría de los beneficiados serían jóvenes vulnerados en sus derechos y marginados socialmente. Además, destacan que durante su tramitación se conoció que no había un registro único de imputados por delitos durante el estallido social, ni de quienes se han mantenido en prisión preventiva.
En ese sentido, sostienen que el problema de la prisión preventiva se ha hecho más patente al conocer casos de personas que luego de estar más de un año en la cárcel, han sido absueltas por no demostrarse su culpabilidad en los tribunales.
Así, detallan siete casos que les tocó conocer sobre personas que fueron imputadas por delitos, que se mantuvieron incluso más de un año en prisión preventiva y que luego fueron puestas en libertad por no existir pruebas en su contra o dado que las declaraciones de las fuerzas policiales eran contradictorias.
Por lo anterior, estiman que se hace necesaria la creación de una Comisión Nacional para el Reencuentro y la Paz Social.
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La Comisión tendrá por objeto proponer soluciones para abordar la situación de las extensas prisiones preventivas y las denuncias de vulneraciones al debido proceso y, en general, de infracciones a las garantías judiciales consagradas en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, respecto de quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, sea que se encuentren o no en investigación formalizada o desformalizada y hayan sido imputados o condenados por hechos delictivos descritos en diferentes artículos del Código Penal, la Ley sobre Control de Armas, el Código de Justicia Militar, la Ley sobre Seguridad del Estado y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ocurridos en contexto de protestas, entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020.
Asimismo, la Comisión podrá proponer medidas reparatorias a las víctimas de algún abuso cometido por parte de agente del Estado, como también para aquellos que hayan sufrido daños en su persona o en sus propiedades, tanto muebles como inmuebles, durante el periodo señalado, recomendando al Presidente de la República, al Presidente del Senado y al Presidente de la Corte Suprema, las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que estime necesarias para dar soluciones.
La Comisión estará integrada por un representante designado por el Presidente del Senado, otro nombrado por el Fiscal Nacional del Ministerio Público, por el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por un representante del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, otro del Defensor Nacional Público, del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y un representante designado por el Presidente de la Corte Suprema.
El proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto de la moción, análisis y discusión del proyecto Boletín N°14671-07.