En la sesión número 19 realizada el martes 07 de diciembre por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico se escucharon seis presentaciones sobre propuestas para la nueva Constitución. Entre ellas se destacó la participación de representantes de la Zona Norte de nuestro país, quienes dieron a conocer tanto la crisis hídrica como legislativa que se sufre en relación con el medio ambiente en esas regiones.
La primera exponente fue Jaqueline Anza Ayavire, perteneciente a la comunidad atacameña de Tocone, un poblado ubicado en la Región de Antofagasta, quien manifestó que en la actualidad se enfrentan a un “nefasto Código de Agua y Minería” el cual ha permitido el no reconocimiento de su pueblo ante el avance minero del país. Acompañada de un video que ejemplificaba la situación, Jaqueline aclaró que, a pesar de que su comunidad había ganado hace 17 años un juicio en la Corte Suprema para el uso de aguas, hasta el día de hoy seguían sin tener acceso al recurso hídrico que les correspondía.
Las constituyentes, Constanza San Juan y Gloria Alvarado, quienes pidieron la palabra para la ronda de preguntas, manifestaron su preocupación sobre el como se podría devolver a la tierra, en términos prácticos, el agua y cuál era la que se estaba utilizando para consumo humano actualmente en la comunidad de Tocone.
En respuesta a esto, Anza explicó que la realidad era muy distinta en el Norte, y que esperaba que eso se plasmara en la nueva Constitución. “Aquí el agua en el desierto es muy valiosa, y eso bien lo saben las mineras. Sabemos que hoy día la urbe está demandando cada vez más agua, pero nosotros solo queremos que se nos respete, que las mineras sean capaces, en especial Aguas Antofagasta, de reconocer que existe vida más allá de nosotros, que se respete el derecho de la naturaleza, los cauces de ríos, los cauces ecológicos principalmente. Están desalando agua, pero no están dispuestos a entregarla. Eso para nosotros es nefasto, es duro, nosotros sabemos que tenemos derechos de agua y ellos no los reconocen”, dijo.
“Hoy bebemos agua de la captación de nicho de Codelco, que pasa frente a nuestro pueblo, y nos entregan cerca de 2 litros por segundo, pero no es agua tratada, hoy no tomamos agua potable”, agregó Jaqueline, junto con enfatizar de que ninguna comunidad de Alto el Loa estaba recibiendo agua tratada, llegando incluso el Servicio de Salud a darles multas por usar agua no potable. “Para nosotros es muy doloroso, siendo que de nuestros pueblos nació el agua, hoy día no tenemos acceso al agua potable”, enfatizó.
Luego de la intervención de Anza, se dio paso a la Comisión Ambiental de Asambleas de Organizaciones que luchan en Calama, quienes fueron representados por Sophia Valle y Dalila Peña. La siguiente propuesta correspondía a reflexiones rescatadas de cabildos y asambleas populares sobre la problemática ambiental identificada en la zona, citando que: “El medio ambiente ocupa un lugar marginal en la Constitución actual”.
“Es ambigua, permitiendo traspasar la normativa fácilmente en desmedro del medio ambiente. Se basa principalmente en derechos de la relación humana frente a la naturaleza, dejando a esta última como un sujeto sin derechos autónomos. Tiene una visión clientelar y mercantilista de los bienes naturales”, afirmaron las expositoras, agregando que la actual Carta Magna tampoco contaba con propuestas transversales que colocaran al medio ambiente como un componente esencial, junto con no considerar la diversidad geográfica y ambiental del país.
Entre los 17 puntos que consideraban que debían ser incluidos en la Constitución, se destacó el derechos individual y colectivo de vivir en un ambiente limpio y protegido; el papel del Estado como una entidad protectora con obligaciones de preservar y restaurar la naturaleza; uso de tecnologías ambientales limpias, soberanías energéticas que no afectasen el derecho al agua y sobre la tierra; soberanía alimentaria como punto estratégico y prohibiciones sobre la privatización del agua, la cual pasaría a ser exclusivamente pública o comunitaria.
En relación con el último punto, la convencional Carolina Sepúlveda preguntó sobre como podría ser la transición para que el agua pasara a ser un bien público a manos del Estado. La exponente Dalila Peña respondió que “La transición que se propone es el tema de la desalinización del agua, en donde aquí en la región eso ya existía, pero hoy se hacen inversiones a muy largo plazo, lo que debería tener un tope. Tenemos la necesidad de revivir la agricultura, necesitamos el agua, la única forma que nosotros vemos es la obligación de las empresas de buscar otros métodos que no incluyan las aguas dulces”, concluyendo que “esto involucra la salud integral de nuestra región”.
Siendo esa la única duda mostrada por los convencionales, se dio paso a la exposición de la Comunidad Atacameña de Coyo, en donde su presidenta ,Lady Sandon, expuso lo que ellos consideraban los vacíos de la ley 1300, el código de minería y ley de aguas en la zona. “Hay ventanas que se abren al mundo privado, pero no a los pueblos ancestrales”, declaró Sandon.
Noticia Relacionada
En base a esto, se refirió al desequilibrio de la naturaleza y la crisis hídrica como un punto clave de su presentación al igual que sus pares, destacando que la actual Constitución y otros reglamentos catalogan tanto el agua dulce como salada en un solo concepto de mineral no metálico, complicando el poder llegar a un equilibrio sobre los tipos de agua que existen y como utilizarlas de manera equitativa en las actividades de uso humano y productivo.
Tras las presentaciones, los convencionales concluyeron que esto había traído a su conocimiento una realidad completamente distinta a la que ellos podrían haber percibido dentro de esas cuatro paredes en Santiago. A lo largo de la semana los constituyentes de la Comisión de Medio Ambiente seguirán escuchando propuestas similares según lo acordado por la Convención.