Las personas jurídicas deben respetar los derechos fundamentales y prevenir, mitigar y remediar sus actividades que provoquen consecuencias negativas sobre pleno ejercicio de los mismos.

La iniciativa convencional constituyente presentada por María Magdalena Rivera, Paulina Valenzuela, Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Javier Fuchslocher, Patricio Fernández, Guillermo Namor y Juan José Martin, persigue incorporar en la nueva Constitución una norma relativa a los deberes de las personas jurídicas.

Los autores de la iniciativa señalan que su objetivo es consagrar deberes generales de respeto de los derechos fundamentales por parte de las empresas, corporaciones, organizaciones y, en general, de las personas jurídicas; en el marco de las disposiciones generales que debiera contener sobre derechos fundamentales la nueva Constitución.

Refieren que las empresas, corporaciones y personas jurídicas son una unidad básica de la economía de la sociedad, puesto que las actividades y procesos que desarrollan pueden generar tanto impactos positivos como negativos, sobre todo en los derechos humanos. Por lo mismo, el desafío de compatibilizar el desarrollo económico y la apertura a las operaciones extranjeras en Chile con el pleno respeto de los DDHH. se ha visto documentado en relación a los conflictos socio ambientales generados por proyectos de inversión de empresas privadas y públicas.