Senadores proponen la crear la Defensoría de las Personas en asuntos vinculados a las prestaciones del Estado.

La moción, patrocinada por los Senadores Francisco Chahuán, Alejandro Guiller, Juan Ignacio Latorre, Alejandro Navarro y la Senadora Adriana Muñoz, modifica la Constitución con el objeto de crear la “Defensoría de las Personas.”

Como fundamento señalan que, para que la democracia cumpla con los principios que la inspiran, en especial, el resguardo y protección de los derechos fundamentales, consideran indispensable que la Carta Fundamental contemple el cargo de Defensor de las Personas, quien tendrá que velar por la promoción, tutela, protección y resguardo de los derechos asegurados por la Constitución y tratados internacionales vigentes en el país.

Proponen que, este organismo debe ser un ente autónomo, con personalidad jurídica de derecho público. El Defensor de las Personas debe ser nombrado por el Presidente de la República, con el acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados, adoptado por tres quintos de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto, y que su rol sería fiscalizador respecto de la Administración del Estado en aspectos muy específicos.