Comisión sobre Principios Constitucionales.
Principio de probidad, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información oficial para evitar la corrupción, se propone incorporar al texto de nueva Constitución.
El Estado debe adoptar las medidas para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, persiguiendo administrativa y judicialmente la aplicación de las sanciones administrativas, civiles o penales que determine el legislador.

La iniciativa constitucional propuesta por Lisette Vergara, Elisa Loncon, María Rivera Iribarren, Manuel Woldarsky, Elsa Labraña, Jorge Baradit, Paulina Veloso, Luciano Silva, Tania Madriaga, Adolfo Millabur, Alejandra Pérez, Renato Garín y Loreto Vidal, persigue incorporar al texto de nueva Constitución los principales principios y deberes de la función pública.
Los autores de la iniciativa afirman que el principio de probidad en la función pública, consiste en la observancia de una conducta en que prevalezca la imparcialidad, la neutralidad política y el interés general por sobre los intereses particulares. En contrario, la corrupción es el abuso del poder público o privado para obtener beneficios particulares, una realidad que impera en gran parte de América Latina y Chile, que según Transparencia Internacional se encuentra entre los países que más han empeorado en temas de corrupción.
Respecto a los casos de falta de probidad y de corrupción en la esfera pública y privada, señalan que, afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en el Estado y en las organizaciones de la sociedad civil en general, sobre todo cuando se observa que las normas aplicables a estos casos no cumplen con su finalidad y se genera una impresión colectiva de que existe una amplia y repudiable impunidad con algunas personas.
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