La iniciativa de norma constitucional propuesta por Pollyana Rivera, Harry Jurgensen, Claudia Castro, Ruth Hurtado, Teresa Marinovic, Geoconda Navarrete, Paulina Veloso, Rodrigo Logan, Ruggero Cozzi, Ricardo Newmann, Raúl Celis, Rocío Cantuarias, Katerine Montealegre, Pablo Toloza, María Cecilia Ubilla y Jorge Arancibia, busca que el texto de la nueva Constitución reconozca y proteja el derecho preferente de la familia de velar por la infancia protegida de los hijos.
Los autores de la iniciativa fundan su propuesta en la Declaración de los Derechos del Niño de 1990, la cual señala que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Citan otros documentos como la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos como acuerdos internacionales que avalan esta idea.
Agregan que históricamente el Estado ha perturbado la inocencia de los niños, la cual definen como el estado de un alma libre de culpa relacionado a la ingenuidad con que estos se enfrentan a la vida, a través de competencias que no le son propias o a través del abandono de los niños, detonándose en ejemplos tales como los flagelos del trabajo infantil.
Estiman que un aspecto fundamental de esta defensa de la infancia es permitir a la familia educar y cuidar a esos hijos, y justifican su propuesta en la Convención de los Derechos del Niño que señala que la familia es el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños”.
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Los Convencionales Constituyentes que patrocinan esta iniciativa ingresaron a la Comisión de Derechos Fundamentales la siguiente propuesta de norma:
“Articulado:
Art. XX. La Constitución asegura a todas las personas:
N˚XX. El derecho de los niños y adolescentes a una infancia e inocencia protegida. El Estado resguardará el rol preferente de la familia para la consecución de dicho fin, y sólo podrá intervenir en los determinados casos, calificados por la ley, en que la familia se viese impedida de ejercer su función.
Bajo ninguna circunstancia la ley podrá negar o imponer condiciones que impidan el libre ejercicio de este derecho preferente de la familia a proteger la infancia e inocencia de los niños y adolescentes. Los preceptos legales que limiten este derecho no podrán afectarlo en su esencia”.
Vea texto de la iniciativa de norma Convencional Constituyente.