Un Tribunal de Córdoba (Argentina), declaró que un colegio es responsable de violencia de género por no iniciar una investigación en contra de un profesor acusado por alumnas de comportamientos de tipo sexual inapropiados en la sala de clases. Una de las alumnas denunció que el docente le tocó el pecho frente a toda su clase, sin embargo, las autoridades escolares optaron por no apartar al profesor de la clase e instaron a la alumna a guardar silencio, de lo contrario arriesgaba la matrícula del año siguiente.
El Tribunal tuvo presente que la Convención sobre los derechos del niño obliga a los Estados parte a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Añade que, la Convención de Belém Do Para establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, en tal sentido, es obligación del Estado abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
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Enseguida, refiere el fallo que, a nivel nacional la Ley educar en igualdad sobre prevención y erradicación de la violencia de género establece las bases para que en todos los establecimientos educativos del país instauren protocolos y capacitaciones con el objetivo de que los alumnos, las alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Asimismo, la Resolución 225/2019 del Ministerio de Educación obliga a los establecimientos educaciones a adoptar todas las medidas tendientes a investigar y sancionar toda denuncia o conducta sospechosa que pueda afectar la integridad sexual de alumnos por parte de docentes, directivos o administrativos, ordenando que sean apartados de sus funciones a la brevedad con el objeto de impedir el contacto con posibles víctimas.
El Tribunal precisó que, Violencia de Género Institucional es aquella ocasionada por los funcionarios que pertenecen a un órgano, en el caso sub lite, dicha violencia fue ejercida por el colegio y se configuró por la inacción de la Institución frente a las denuncias de abuso sexual de las menores. En síntesis, las autoridades escolares relativizaron la situación, no adoptaron medidas para separar al docente de la clase, pese a que están obligados legalmente a hacerlo, revictimizaron a las adolescentes, las instaron a mantener la situación en secreto bajo la amenaza de cancelar la matrícula para el año siguiente, entre otras conductas inexcusables que solo retardaron, obstaculizaron e impidieron el ejercicio de los derechos de las jóvenes. Para el Tribunal, la conducta del colegio representa el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en materia de Violencia de Género.
En definitiva, el Tribunal resolvió que la conducta del colegio denunciado configuró un episodio de violencia de género, de tipo psicológica y simbólica, de acuerdo con los presupuestos de los artículos 5 y 6 de la ley 26.485 en modalidad institucional y, ordenó que la Institución presente en un plazo de treinta días, un protocolo de intervención frente a denuncias de hechos de violencia de género ocurrido en el interior del establecimiento, así, como de los que afecten a sus miembros y las sanciones que se le aplicaran a quienes resulten responsables.