Los plazos con que cuenta la Administración para efectuar anotaciones de demérito del empleado o funcionario no revisten el carácter de fatales, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que rechazó la acción de protección deducida en contra de la Municipalidad de la Cisterna por aplicar tres anotaciones de deméritos a la recurrente que alegó que no fueron aplicadas dentro de plazo por la administración.

En su fallo, la Corte de San Miguel señala que las anotaciones de demérito son las destinadas a dejar constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño funcionario reprochable, asociadas al incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias, que no requieran de investigación o sumario administrativo, aunque puntualiza que deberán referirse sólo al período que está en evaluación y deben consignar los fundamentos de su procedencia.

Enseguida, refiere que la ley 19.883 dispone en su artículo 45, que el funcionario tiene derecho a apelar las resoluciones emanadas de la Junta Calificadora cuando estime que no son procedentes, para ello cuenta con el plazo de cinco días hábiles y en casos excepcionales, la administración podrá ampliar el plazo a diez días hábiles.