Recientemente la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos Constitucionales de la Convención Constitucional aprobó, en general y particular, las normas que regirían al Banco Central en la propuesta de nueva Constitución.
Por un lado, estas normas recogen el acuerdo casi transversal de mantener la autonomía del Instituto Emisor, la cual queda declarada en el texto. Sin embargo, la autonomía efectiva no proviene de la sola declaración, sino de la protección que toda la institucionalidad circundante le otorgue, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
Al respecto, se afirma que en el articulado aprobado se observan elementos que, de no corregirse, menoscabarían en forma importante dicha autonomía.
En particular, destaca la obligación para el Banco de coordinarse en sus decisiones de política con el Gobierno; el incremento de objetivos para éste, en varios de los cuales no tiene injerencia; la reducción de barreras para destituir a los consejeros; las desproporcionadas incompatibilidades con el cargo; y el nombramiento de la mayoría de los consejeros en un solo período parlamentario.
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Lamentablemente, prosigue la publicación, en el texto aprobado se observan elementos que en la práctica menoscabarán dicha autonomía, reduciendo la tan deseada independencia de la política monetaria respecto de la fiscal, con las ya conocidas consecuencias inflacionarias, que terminan afectando a la población toda y especialmente a los más vulnerables.
El texto propuesto, en relación con el marco jurídico actual (Constitución actual y LOC del Banco Central), es un retroceso en cuanto a su autonomía, así como también en relación a su capacidad de controlar la inflación.
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