La Administración no ha adoptado tempranamente medidas conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a las que se enfrenta un grupo específico de habitantes, declara la Corte Suprema.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, y acogió una acción de protección deducida por empresarios forestales y la Asociación Gremial de Contratistas Forestales AG (ACOFORAG), en contra del Delegado Presidencial Regional del Biobío y del Delegado Presidencial Provincial de Arauco, por el incumplimiento sistemático de la obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior.

Los recurrentes fundamentan el recurso en las omisiones de las autoridades recurridas relativas a sus obligaciones sobre orden, seguridad y tranquilidad pública y que serían la causa directa de la situación de inseguridad y alteración del orden público que se suscita en la zona donde se desarrollan faenas forestales en la provincia de Arauco a propósito de los regulares ataques incendiarios, así como el desconocimiento que las autoridades hacen de la debida y necesaria participación de los empresarios forestales en el debate de estrategias para prevenir y/o hacer frente a esos atentados.

Explican que las personas jurídicas y naturales que integran la ACOFORAG y sus respectivos trabajadores, de forma permanente y en distintas zonas de la Región del Biobío, donde se desarrollan faenas forestales, han sido objeto de actos de violencia y de destrucción que afectan a quienes ahí trabajan y a los bienes que se encuentran en ellas.