El caso de la quiebra de la Universidad del Pacífico sigue sumando capítulos judiciales. La última acción legal consistió en dos querellas, presentadas por los alumnos y uno de los acreedores, que acusan que se realizaron operaciones que tendrían como objetivo ocultar una suma superior a $ 4.550.457.338 del patrimonio de la casa de estudios. Así, de acuerdo con estos textos, se habrían escondido dineros que hoy reclaman los querellantes para víctimas y acreedores del proceso.
La querella por ocultamiento de bienes fue presentada por Claudio Wortsman, a nombre de “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, uno de los acreedores de la universidad. La acción penal apunta, específicamente, a ex directivos de Universidad del Pacífico (Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar, Ítalo Giraudo, Gloria Vargas y Libardo Buitrago), a los representantes de STANDARD SpA (Alfonso Boñar, Juan Olcay y Luis Olcay), y a los abogados Samuel Donoso Boassi, Jaime Bonilla Rozas y Francisco Foncea Gutiérrez. El abogado Samuel Donoso representa en otras causas al ex Presidente Sebastián Piñera.
De acuerdo con esta querella, los tres abogados imputados “indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica en las maniobras destinadas a ocultar bienes por una suma superior a $ 4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la Universidad del Pacífico”. En detalle, la operación consistió en un ocultamiento de bienes que importó la planificación, concertación y ejecución de una compleja secuencia de actos jurídicos consistentes en simulaciones de actos y contratos, alteraciones de precios, estipulaciones de cláusulas falsas, generaciones y sucesivas extinciones de un crédito inexistente o previamente extinguido para permitir el traspaso del inmueble ubicado en Avenida Las Condes número 11.121 de la Comuna de Las Condes que constituía el principal activo de la Universidad del Pacífico, conjuntamente con el cobro y la distracción del patrimonio de la Universidad del Pacífico de un botín superior a $ 4.550.457.338.
El abogado Wortsman explicó que “recientemente se encontraron documentos que indicarían que en los días previos a la venta de la sede de Las Condes por ocho mil ochocientos millones de pesos, ocurrida el 21 de Junio de 2017, se habrían suscrito varias escrituras y contratos para permitir el desvío de una parte del precio, por más de tres mil trescientos millones de pesos, en favor de una sociedad de la familia Ortúzar Muñoz, ex controladores de la Universidad del Pacífico, a través de simulaciones de contratos, extinciones, resurrecciones y cancelaciones sucesivas de un mismo crédito, y de la alteración de los estados financieros presentados al Ministerio de Educación, agregando un pasivo inexistente por más de cuatro mil millones de pesos”.
Agregó que “esos documentos son indiciarios de que STANDARD SpA (compradora de la sede de Las Condes), en la realidad pagó un precio menor al declarado en la escritura de compraventa, desapareciendo del patrimonio de la universidad el mismo día de la venta, la suma de mil doscientos millones de pesos, mediante la forma aparente de un pago anticipado de una garantía o cláusula penal (equivalente a 18 meses de renta dejados en garantía) en el marco de un arrendamiento que tendría una duración inicial de 3 años renovables. No obstante, esta irregular garantía se habría ‘dado por pagada’ descontándola del precio de venta, antes que se inscribiese el dominio en favor de la compradora y arrendadora, cuando la sede de Las Condes aún era de propiedad de la Universidad del Pacifico (que sería la nueva arrendataria) e, inclusive, dos semanas antes que se efectuase la entrega material de la sede a la nueva dueña y arrendadora STANDARD SpA”.
En paralelo a esta acción, la abogada Daniela Awad, que representa a cerca de 400 alumnos de la casa de estudios, presentó una querella por el delito de prevaricación de abogado. La acción legal apunta a los abogados Samuel Donoso y Ramiro Araya. Esto, porque habiendo asumido la defensa judicial de la parte demandada STANDARD SpA en dos juicios sumarios de revocación concursal de contratos, tomaron posteriormente la defensa judicial de una acreedora denominada INMOBILIARIA ARKA SpA. Esto significaría la existencia de intereses contrapuestos entre esta última parte (acreedora) que por definición persigue el pago de su crédito dentro del proceso concursal, y la otra parte, que es la demandada STANDARD SpA, que buscan evitar pagar o devolverle suma alguna a todos los acreedores del proceso concursal para que reciban los pagos de sus créditos.
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Daniela Awad explicó que “con esta acción se busca obtener justicia y el pago de los daños ocasionados a los estudiantes, los querellantes de la causa quienes hasta el día de hoy no han tenido ni solución ni respuesta del grave daño ocasionado a ellos, sus familias y a su futuro profesional”.
Awad agregó que “lo que se espera lograr con estas dos nuevas acciones penales es la decidida y completa investigación de los hechos por parte de la Fiscalía de Las Condes, para que se persigan y establezcan las correspondientes responsabilidades penales”.
Ambas querellas ya fueron proveídas por los tribunales y puestos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que los hechos sean investigados. El caso del presunto ocultamiento de bienes será indagado por la fiscal América Vergara.
ACLARACION Y RECTIFICACIÓN A NOTA: “PRESENTAN QUERELLA CONTRA CONTROLADORES Y ABOGADOS POR PRESUNTO OCULTAMIENTO DE BIENES POR $4.500 MILLONES EN QUIEBRA DE LA U DEL PACIFICO”.
“Con relación al artículo de Diario Constitucional en su edición electrónica del 16 de mayo de 2022 titulado “Presentan querella contra controladores y abogados por presunto ocultamiento de bienes por $4.500.- millones en quiebra de la U del Pacífico.”, venimos en aclarar y rectificar dicha nota en los siguientes términos:
1.- El abogado WORSTMAN y la abogada AWAD han ejercido estas acciones con el preciso objetivo de intentar amedrentar a nuestros clientes, Juan Carlos y Luis Alberto Olcay y Matías Boñar, y a sus abogados, Jaime Bonilla, Francisco Foncea y los suscritos, por las acciones ejercidas por nuestros clientes con nuestro patrocinio para hacer efectivas las responsabilidades penales del ex liquidador de la Universidad del Pacífico CARLOS PARADA ABATTE, quien actualmente está formalizado y bajo arresto domiciliario nocturno, después de haber estado en prisión preventiva, y el Consejo de Defensa del estado se ha querellado en su contra en su calidad de funcionario público en tanto liquidador concursal.
2.- El presunto delito de prevaricación de abogado es una imputación calumniosa y falsa, por la cual ejerceremos todas las acciones que correspondan oportunamente, la imputación se hace recaer en que hemos representado a dos sociedades STANDARD y ARKA simultáneamente, el delito que se imputa consiste en representar a una parte y a la parte contraria en el mismo juicio, y resulta que ambas sociedades son de propiedad del mismo grupo de nuestros clientes, entonces malamente podemos estar representando intereses contrapuestos, o siendo desleales con nuestro cliente. Solo es una mala acción penal para tratar de amedrentarnos, cuestión que sin duda es una actividad contraria a la ética profesional, y que nos ha causado un daño irreparable a nuestra imagen profesional.
3.- La querella de WORSTAMAN Y AWAD por supuesto ocultamiento de bienes, contra nuestros clientes y sus abogados, se basa solo en contratos civiles válidos celebrados por escritura pública entre personas jurídicas no relacionadas que tenían por objeto la venta y posterior arriendo del inmueble ubicado en Avenida Las Condes 11.121. El precio de la compra se estableció en condiciones de mercado y el pago se realizó mediante vale vistas bancarios. Estos hechos no son constitutivos de delito alguno, se trata simplemente de la forma profesional en que abogados inmobiliarios realizan operaciones de esta índole, por lo que los querellantes demuestran un total desconocimiento en áreas distintas de su misma profesión o bien, han actuado de manera dolosa, generando un gravísimo daño reputacional a los abogados ya indicados y a los que suscriben la presente. Ignorar que la existencia de un saldo de precio es una de las observaciones más habituales de un estudio de títulos o bien, desconocer el endoso como forma de transferencia de los títulos de crédito, resulta difícil de justificar para cualquier abogado, pero de ahí a inventar delitos penales derivados de ellos e intentar llamar la atención de los medios de comunicación, resulta abiertamente anti ético.
4.-Los hechos que dan pie a las querellas no son constitutivos de delito, son falsos y por tantos dichas acciones resultan calumniosas, solo se pretende, bajo un desordenado relato y en un intento evidente por confundir a la Fiscalía, tratar de calificar como fraude la compraventa y posterior arrendamiento que de manera pura y simple nuestra cliente, STANDARD SPA, hizo de la propiedad de Avda. Las Condes, pagando al contado a la Universidad del Pacífico por dicho Inmueble la cantidad de 330.000 UF.
5.-Es tan burdo el objetivo de WORSTMAN y AWAD que no dudan en incluir como elementos del delito el hecho que hayamos asumido como abogados de Standard en las demandas interpuestas por Parada, Awad y Worstman contra Standard, cuestión que simplemente demuestra el torcido objetivo de estas acciones penales.”
Samuel Donoso Boassi
Ramiro Araya Ramírez
Jaime Bonilla Rozas
Francisco Foncea Gutiérrez