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Imagen: adondevamipension.org
Cámara de Diputados.

Aprueban en general proyecto sobre participación ciudadana en retiro de industrias que causen daño.

La norma plantea abrir instancias de participación ciudadana que, estando ya reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, sean vinculantes en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

22 de mayo de 2022

La Comisión de Vivienda aprobó en general el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario. La idea es incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y/o molestias a la población.

El texto busca que la participación ciudadana (entidades ya reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades) sea vinculante en la toma de decisiones.

La norma establece, entre otras materias, la posibilidad de que diferentes autoridades sectoriales dispongan el traslado de establecimientos industriales. También, de instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales expuestos a peligro de explosión o de incendio. Se suman aquellos que produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras molestias al vecindario, previo informe.

La propuesta iniciada en moción, establece que el plazo para retirarse del sector en que estuviesen establecidos, no podrá ser inferior a un año. Se deberá contar desde la fecha de notificación de la resolución.

Agrega que los informes deberán contener todos los criterios técnicos, con enunciación de las normas de emisión y calidad. Explica que, en ausencia de dicha disposición aplicable, el informe deberá contener criterios precautorios que velen por la protección de la salud, seguridad, medio ambiente y bienestar de la población.

Asociación de municipalidades

Previo a la votación, la Comisión de Vivienda recibió la exposición de la asesora jurídica de la asociación de municipalidades de Chile (AMUCH), Graciela Correa. La abogada enfatizó la importancia del deber de orientar la acción con sentido de oportunidad.

“Queremos que tanto las personas como las municipalidades actúen de manera coordinada y el mismo vecindario puedan actuar. Puedan entregar estos antecedentes a la fiscalización municipal para poder avanzar en el traslado o en retiro de estas industrias”, remarcó.

Asimismo señaló que esta participación y coordinación debe realizarse en distintos niveles en la planificación territorial. “Esto significa la disponibilidad de recursos. Hacer habitables algunos territorios significa respetar las vocaciones productivas. Esto nos va a permitir avanzar notablemente hacia una consolidación del derecho a la sociedad. También a dar una mejor calidad de vida a las personas”.

Agregó que consideran importante que la institucionalidad garantice una dimensión de desarrollo urbano sustentable. “Que podamos alcanzar eventualmente la consagración al derecho a la ciudad, en el cual todas las personas puedan vivir con bienestar en diversos contextos y entornos”.

 

Vea moción, discusión y análisis Boletín  Nº14683.

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