Adelantándose a lo que será la conformación de una Comisión Mixta, la Sala deberá revisar el proyecto que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de Salud terminaran de revisar los cambios realizados por los diputados y diputadas al texto. Algunos de ellos fueron aprobados y otros rechazados, por lo que se ratificó la redacción propuesta por los senadores.
Acceso al baño: las personas con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas tendrán derecho a acceder libremente a baños o servicios sanitarios públicos, así como a los con que cuenten el comercio en general y los organismos del Estado. Ninguna persona u organismo podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas, a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición.
Acreditación de la enfermedad: las personas que padezcan una enfermedad inflamatoria intestinal u ostomizadas deberán acreditar su diagnóstico a través de cualquiera de los siguientes medios:
1. Documento que acredite que se trata de persona que es beneficiaria de la ley Ricarte Soto para los tratamientos asociados a Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn.
2. Credencial emitida por una organización de pacientes registrada conforme a lo dispuesto en la ley Ricarte Soto.
3. Certificado médico, extendido por médico cirujano, que deberá contener su nombre completo, cédula de identidad y el número de registro en el Registro de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud.
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Sanciones: la falsificación o mal uso de los instrumentos relativos a la acreditación, serán sancionados con presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince sueldos vitales. La persona o establecimiento de comercio que arbitrariamente prive a una persona del citado derecho, será sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia se aplicará una multa equivalente al doble del máximo establecido. Será competente para conocer de este asunto, el juzgado de policía local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción.
Vea moción, discusión y análisis Boletín Nº14258-11