El martes pasado la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó de manera especial para discutir sobre las medidas que adoptará el Gobierno respecto de la intensificación de la presencia en Chile de carteles internacionales del narcotráfico; particularmente carteles de droga de Venezuela, Bolivia, México y Colombia.
El énfasis del debate estuvo marcado por las medidas a implementar por parte del Gobierno, para impedir que este tipo de organizaciones criminales continúen expandiéndose en el territorio nacional.
Desde la oposición, se insistió en que Chile está pasando una grave crisis producto de la llegada de estas bandas. Destacaron que se debe reformar la institucionalidad con mayores recursos, en paralelo a una agenda clara y una estrategia antidrogas. Parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente demandaron mayor acción por parte del Gobierno y también plantearon su preocupación por la política migratoria y el aumento de los delitos violentos. En tal plano, solicitaron al Ejecutivo la presentación de una agenda corta para hacer frente a este flagelo.
Por otro lado, el oficialismo señaló que este problema se arrastra por varios años y no es exclusivamente un problema de este Gobierno. En tal sentido, llamaron a no politizar un tema que hoy es tarea de todos los sectores.
El Ejecutivo, a través de la ministra del Interior, Izkia Siches, descartó las críticas realizadas por Diputados de la oposición, respecto de una eventual inactividad del Ejecutivo. En esa línea, indicó que existen proyectos de inversión que dan cuenta de la voluntad del Gobierno y que a las organizaciones delictuales buscan perseguirlas y detenerlas.
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También señaló que están trabajando de manera intersectorial, mediante la articulación de todas las instituciones del Estado. Explicó que la idea es perseguir el lavado de activos a través de la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. Del mismo modo, destacó el trabajo realizado tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones.
Al finalizar la sesión, se aprobaron 21 Proyectos de Resolución, por los cuales se solicitaron una serie de medidas al Gobierno respecto a esta problemática. Entre ellas, destacan la presentación de proyectos que asignen mayores recursos y facultades al Ministerio Público y a las policías, junto a la creación de una unidad de coordinación policial y de un Consejo Nacional para la Seguridad Humana.