Temas públicos.
Los riesgos del sistema tributario en la propuesta de nueva Constitución, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.
Las normas fundamentales sobre derechos y garantías en materia tributaria debieran consagrar reglas o principios generales, orientadas a establecer un sistema más simple y eficiente, que responda a criterios de necesidad y distorsione lo menos posible las decisiones de los agentes económicos.
La regulación en materias tributarias de la propuesta de nueva Constitución contiene cambios sustantivos, muchos de los cuales representan un retroceso respecto al régimen tributario que establece la Constitución vigente, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo que lleva por título “Los riesgos del sistema tributario en la propuesta de nueva Constitución”.
Si bien el texto propuesto considera algunos principios tributarios razonables, no incluyó otros igualmente importantes: la no discriminación arbitraria o la simplicidad tributaria, para que el sistema tributario distorsione lo menos posible las decisiones de las personas. Luego, en vez de limitarse a consagrar principios y derechos fundamentales en la materia, la propuesta añade objetivos y calificativos que no son propios de una carta fundamental, sino de un programa de gobierno. Finalmente, introduce el concepto de leyes de concurrencia presidencial necesaria, con lo que los parlamentarios podrán presentar iniciativas en esta materia, cuando la potestad tributaria se encuentra hoy radicada exclusivamente en el Presidente de la República. Asimismo, las entidades territoriales (regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas) también pasan a tener potestad tributaria.
En cuanto a los principios tributarios, la publicación considera positivos el de generalidad que implica reconocer el deber u obligación de todas las personas de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El de igualdad, entendido como que personas con un mismo nivel de ingresos contribuyan de manera similar al financiamiento de bienes públicos, parecido a lo que establece la Constitución vigente, aunque la publicación connota que su la formulación no es acertada: debió referirse a la equidad, que es el término adecuado para referirse a un tratamiento equivalente entre iguales (equidad horizontal) y diferente entre distintos (equidad vertical).
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